Uno de los compromisos que el Gobierno español adopta en el Plan de Derechos Humanos es que «se abordarán las medidas normativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a la recomendación de los organismos de derechos humanos de grabar, en vídeo u otro soporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a régimen de incomunicación».

¿Concreta ese compromiso cuándo empezarán a grabar? ¡En absoluto! En realidad, a lo único que se compromete el Gobierno es a abordar unas inconcretas medidas técnicas y normativas previas a la adopción real del sistema para grabar, y la frase que utiliza es calculadamente ambigua para poder afirmar en el futuro que ya ha abordado dichas medidas, y a continuación dar una de sus habituales excusas para justificar el retraso en completarlas.

El último informe del Relator de la ONU para la Tortura recogía ya perfectamente la principal excusa a la que en adelante piensa aferrarse: «El proyecto en estudio (la videovigilancia en dependencias policiales) presenta una complejidad técnica y jurídica muy importante, derivada entre otros aspectos de la necesidad de cumplir la legislación española en materia de protección de la intimidad y custodia de registros que contengan datos personales, que aconseja la obtención, con carácter previo, de dictámenes jurídicos y la realización de estudios técnicos y de viabilidad que, todavía en el momento actual, se encuentran en fase previa».

Luego es evidente que pretenden ganar el máximo tiempo posible escudándose en la supuesta gran complejidad técnica y jurídica del proyecto, tal y como siempre han hecho. Por ejemplo, hace más de trece años le respondieron al Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa que lo de grabar les parecía una buena idea, pero que, «por motivos presupuestarios», no lo podrían hacer a corto plazo. Y hace seis un representante del Gobierno español justificó la tardanza en adoptar esa medida ante el Comité contra la Tortura de la ONU con que «querían aplicarla realmente bien». Seis largos años después, ¡siguen en las mismas!

Eso sí, para su desgracia, hoy día lo tienen muchísimo más crudo que hace seis años para servirse de esa excusa. Sobre todo, porque, a partir del 30 de septiembre de 2005, la Ertzaintza empezó a grabar a los detenidos incomunicados empleando un protocolo muy específico.

Ese protocolo, que sigue en vigor desde entonces y ha mostrado una innegable eficacia, respeta escrupulosamente tanto la intimidad como la custodia de registros que contengan datos personales y, en consecuencia, las autoridades españolas en absoluto necesitan hacer todos esos estudios, supuestamente tan necesarios, para aplicar de una vez por todas esa medida tan sencilla. Les basta con utilizar el protocolo de la Ertzaintza que tantos avales y parabienes recibió al ser adoptado.

Entre otros muchos, obtuvo el apoyo de los parlamentarios del PSE, cuyo coordinador, Miguel Buen, manifestó que «el sistema que ustedes han implantado es un sistema que puede dar más garantías, no al detenido, sino más garantías de defensa a los agentes de la policía que tienen que actuar. Yo, desde ese punto de vista, creo que puede ser un buen sistema, un sistema eficaz».

El protocolo también recibió en marzo del 2006 el pleno respaldo de dos importantes organismos del Consejo de Europa, el Comité para la Prevención de la Tortura y el comisario europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, quien manifestó que esperaba que «estas medidas ejemplares, que protegen a los detenidos, sean seguidas no sólo por la Policía y la Guardia Civil, sino por el resto de cuerpos policiales de la Unión Europea».

Además, desde la adopción de dicho protocolo, y aunque entonces tanto PP como PSE se mostraron absolutamente convencidos de que seguiría habiendo denuncias por torturas en las comisarías de la Ertzaintza, no ha habido una sola; lo cual, aparte de demostrar que las precedentes denuncias eran bien ciertas, muestra también la innegable eficacia de dicho método a la hora de prevenir la tortura.

Por todo ello, se dan las condiciones ideales para exigir a las autoridades españolas que tanto Policía como Guardia Civil adopten cuanto antes el mismo protocolo que utiliza la Ertzaintza y lograr que no tengan otro remedio que hacerlo a bien corto plazo, usando para ello un contundente argumento muy fácil de socializar: el método de la Ertzaintza ha recibido apoyos, avales y parabienes de todo tipo, y además ha mostrado una gran eficacia durante más de tres años.

Por lo tanto, de aquí en adelante hay que presionarlos sin cesar, con el apoyo de los organismos internacionales, para que no tengan más remedio que empezar a grabar cuanto antes y con todas las garantías. Y hacerlo con la absoluta convicción de que esa batalla no sólo se puede ganar a corto plazo sino que puede suponer un verdadero hito en la dura pero a la vez hermosa lucha por la erradicación de la tortura.

No caben más excusas. ¡Que graben ya!