A la espera de que el dictamen final se vote el lunes, parece que la Comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en torno al Museo Balenciaga cerrará su trabajo con un acuerdo unánime en la mayor parte del dictamen. Según fuentes parlamentarias consultadas por gara, la rebaja en el nivel de exigencia de las responsabilidades y el hecho de que la mayoría de las personas que se citan en el dictamen admitieran su implicación ante la Comisión son los dos puntos que han favorecido que los grupos puedan votar el lunes una misma opción.

La presidenta de la Comisión, Onintza Lasa, transmitió al final de la sesión que existe «un acuerdo unánime» en la mayor parte del informe. El retraso en la votación, por lo tanto, sólo se debería a que los grupos quieran estudiar en profundidad el documento que incluirá todos los puntos que fueron debatidos durante la sesión de ayer. La impresión que transmitían los parlamentarios al término de la sesión fue que, en caso de que alguno de los puntos no consiguiera el consenso, no sería de gran relevancia.

La parte de responsabilidades es en la que los grupos podrían haber mostrado visiones más alejadas. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico afirman que no son tan exigentes como en el caso Guggenheim. Así, se señalaría la responsabilidad de las cuatro instituciones implicadas. De esta manera, además de los componentes de la Sociedad Berroeta Aldamar -es decir, Gobierno de Lakua, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Getaria- también se señala la falta de control de la Fundación Balenciaga. Ésta fue la impulsora del proyecto hasta que lo asumió Berroeta Aldamar en 2005 y está compuesta por el Consistorio de la localidad y el Ministerio de Cultura. En este punto es en el que el PNV ha mostrado mayor interés, ya que era la única institución en la que no estaba implicada, y en el que el PP se oponía en un principio. Pero tal y como apuntó Onintza Lasa, «todo el mundo hemos dejado pelos en la gatera».

La mención explícita de personas implicadas hubiera podido ser otro obstáculo en el consenso. Sin embargo, la mayoría de ellos habían aceptado en primera persona su responsabilidad política ante la comisión. Así lo hicieron la consejera de Cultura, Miren Azkarate, el ex-alcalde de Getaria, Josu Ezenarro, y el anterior director de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Imanol Agote. Otro nombre que incluye la parte de responsabilidades del dictamen es el ex diputado general guipuzcoano, Joxe Joan González de Txabarri, a pesar de que éste empleó su comparecencia para defender la actuación de las instituciones vascas en el proyecto.

La Comisión concluiría así que la falta de control y transparencia de los cargos e instituciones fue la que permitió las irregularidades contractuales y las desapariciones de fondos por los que están imputados por la Fiscalía Mariano Camio, Julián Argilagos y Rolando Paciel.