Consejo europeo de Bruselas
La Unión Europea sigue sin un plan comunitario de rescate para su maltrecha economía
El Consejo Europeo alcanzó ayer un acuerdo para respaldar los planes de la Comisión Europea y destinar 200.000 millones de euros (el 1,5% del PIB comunitario) para reactivar la economía. El 85% de esa cantidad saldrá de los presupuestos de cada Estado miembro de la Unión. Cada uno de ellos decidirá además qué tipo de medidas adoptará. De esta forma, se salvaron las reticencias de Alemania a apoyar el plan de Bruselas.
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GARA | BRUSELAS
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) consiguieron alcanzar un acuerdo al respaldar ayer el plan contra la crisis propuesto por la Comisión Europea, que prevé destinar fondos equivalentes al 1,5% del PIB comunitario para impulsar la actividad y el empleo, con la esperanza de salir pronto de la recesión. Sin embargo, el consenso que evitó reuniones maratonianas se alcanzó relajando el carácter comunitario del plan y dejando a cada estado que decida qué tipo de medidas aplica.
De esta forma, superaron las resistencias de algunos países y los Veintisiete dieron su visto bueno al enfoque de Bruselas, que cree que una inyección coordinada de alrededor de 200.000 millones de euros servirá para reactivar la economía europea.
La Comisión espera que el grueso del dinero (170.000 millones) salga de los presupuestos estatales y las arcas comunitarias y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se encargará de aportar el resto de los fondos.
Satisfechos
El primer ministro británico, Gordon Brown, que ha liderado los llamamientos a una acción coordinada y cuantiosa contra la crisis, se mostró satisfecho al afirmar que «lo más importante es que hemos acordado que los fondos deben llegar al 1,5% del PIB, cuando hace una semana se decía que la UE sólo aprobaría el 1%». «Ésta es la respuesta a los que dicen: no hagan nada, dejen simplemente que la recesión llegue, a los que dicen que la política fiscal no debe complementar la política monetaria», señaló el «premier» británico.
«Todo el mundo está totalmente de acuerdo sobre la gravedad de la crisis, sin ninguna voz discordante. Y todo el mundo está de acuerdo sobre un estímulo en torno al 1,5% del PIB», explicó Sarkozy, al término de la cumbre.
Por su parte, el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, destacó que existía consenso sobre la necesidad de un estímulo económico «lo suficientemente grande para tener un impacto real que impulse la demanda y restaure la confianza». «Creo que la crisis es grave, pero si adoptamos las soluciones adecuadas, Europa puede emerger más fuerte», aseguró.
La canciller alemana, Angela Merkel, explicó que había dado su acuerdo a este plan de estímulo porque Alemania ya ha tomado sus propias medidas nacionales de reactivación. «Aún hay debates en Alemania para ver si hay que hacer otras cosas, pero hemos demostrado aquí que Alemania aporta su contribución al relanzamiento de la economía europea», resaltó. «Hoy he sido madame sí», bromeó Merkel en rueda de prensa, en referencia al apodo de «madame no» que le habían dado algunos medios de comunicación por su oposición inicial a los proyectos de la Comisión. Respecto a las contribuciones estatales, el Consejo Europeo deja claro que cada Estado podrá elegir las medidas que considere apropiadas, según «la situación de cada cual».
De esta manera, se salvan las reticencias de algunos países, principalmente Alemania -la primera economía de la UE, a la que correspondería el esfuerzo presupuestario más elevado-, que rechazaban precisar las medidas que adoptará cada país. Por ese motivo, los líderes también descartaron seguir el ejemplo de Gran Bretaña para incluir en el texto de las conclusiones la posibilidad de aplicar tipos de IVA reducido para los servicios intensivos en creación de empleo y la sugerencia de favorecer fiscalmente a los productos y servicios «verdes». El Consejo acordó devolver esa cuestión a los ministros de Finanzas (Ecofin). Cualquier alusión a rebajas fiscales, y en concreto al IVA reducido, suscita recelos a algunos estados, especialmente a Alemania. Las conclusiones dicen que los ministros de Economía deberán tomar una decisión sobre este punto en marzo de 2009. Sarkozy aseguró que había obtenido garantías de Merkel de que dará instrucciones a su ministro de Finanzas, que hasta ahora ha vetado cualquier acuerdo sobre el IVA reducido, para que facilite la decisión.
Automóvil y Construcción
Para impulsar la actividad económica, los países podrán optar entre diversas medidas, que van desde acciones de apoyo a los sectores más afectados por la crisis (con especial mención el automóvil y la construcción) a rebajas fiscales, disminución de las cotizaciones sociales o ayudas directas a las familias. Los gobiernos y la Comisión son conscientes de que esta estrategia provocará que aumenten los déficit públicos y aceptaron desviaciones temporales de las normas del Pacto de Estabilidad, que obliga fija un máximo de déficit del 3% del PIB.
Quisieron subrayar que las desviaciones deben ser temporales y se comprometen «a regresar rápidamente, conforme al Pacto, a sus objetivos presupuestarios a medio plazo». «Es necesario que la aplicación del Pacto se reanude a partir del día siguiente del final de la crisis», dijo Sarkozy. En cuanto a la aportación desde el presupuesto comunitario al plan de reactivación común, volvió a quedar claro que no cuenta con apoyo suficiente la propuesta de destinar a mejorar las infraestructuras 5.000 millones de euros de la partida agrícola que no han sido utilizados.
La idea de la Comisión era reprogramar esas cantidades, que en caso contrario debían ser devueltas a los países en proporción a sus aportaciones, para impulsar los dos próximos años las interconexiones eléctricas y la banda ancha.
Para salvar las reticencias de algunos países -una vez más, Alemania, pero también Holanda, Austria, Suecia y Polonia-, el texto de conclusiones se limita a apoyar «la movilización de posibilidades que permitan, dentro del presupuesto comunitario, reforzar las inversiones» y precisa que se tendrá en cuenta «un equilibrio geográfico adecuado». Los Veintisiete sí apoyaron aumentar los créditos del BEI destinados a apoyar a las pymes, las energías renovables y el transporte «limpio», con el acento en el sector del automóvil. Por otro lado, reclamaron a los bancos que aumenten la concesión de créditos a empresas y familias para reactivar la economía y que repercutan en sus préstamos las rebajas de tipos de interés que ha aprobado en las últimas semanas el BCE.
Se descartó la posibilidad de aplicar tipos de IVA reducido para los servicios intensivos en creación de empleo, que ha aplicado Gran Bretaña, y el asunto se devolvió a los ministros de finanzas para que decidan en marzo de 2009.
El primer ministro irlandés, Brian Cowen, se mostró convencido de que el segundo referéndum que se ha comprometido a celebrar sobre el Tratado de Lisboa se saldará «con éxito», siempre y cuando las concesiones otorgadas a Irlanda se plasmen en textos legales en los próximos meses «sin confusión».
GARA
Los líderes de la UE acordaron en su plan elevar hasta 500.000 euros (desde los 200.000 actuales) y durante dos años la cuantía de las ayudas públicas que los Estados miembros pueden conceder a empresas sin necesidad de autorización.
El acuerdo para luchar contra el cambio climático que aprobaron ayer los jefes de Estado y de Gobierno de la UE detalla las herramientas que usará la Unión para cumplir sus compromisos de recortar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la UE en un 20%, mejorar la eficiencia energética en otro 20% y que el 20% de la energía que consume proceda de fuentes renovables. La UE también mantiene su compromiso de que el 10% de los carburantes utilizados en el transporte sean renovables para 2020.
El texto final recibió críticas por parte de las principales organizaciones ecologistas debido a que, en aras del compromiso, al final se ha permitido más flexibilidad a las industrias más contaminantes, a fin de reducir el riesgo de que se lleven sus plantas a países con normas ambientales más laxas.
Las medidas para lograr la reducción de emisiones establecen que las industrias empezarán a pagar por los derechos de emisión que hasta ahora recibían gratis. Sin embargo, añade una compleja fórmula para excluir a las empresas con mayor riesgo de deslocalización que, en la práctica, afecta a toda la industria manufacturera europea.
Los ingresos de las subastas de permisos irán a parar a las arcas nacionales y se establece un mecanismo de solidaridad para destinar parte de ese dinero a los países más pobres de la Unión.
Además, los sectores más contaminantes, cubiertos por el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), tendrán que recortar sus emisiones en un 21% con respecto a 2005.
El resto de sectores -como el transporte y la vivienda- deben hacerlo en un 10% frente a las de 2005.
Sarkozy defendió con firmeza el acuerdo alcanzado, al asegurar que la UE «ha mantenido sus compromisos» y recalcó que «no hay un continente en el mundo que se haya dotado de reglas tan estrictas».
Por ello, pidió que los demás países, especialmente a EEUU y la nueva administración de Barack Obama, que se unan a este compromiso.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, afirmó que se trata del plan «más avanzado» en todo el mundo contra el cambio climático, pero advirtió de que en los próximos días habrá «negociaciones duras» para lograr que el Parlamento Europeo apruebe las medidas en el pleno de la próxima semana.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, manifestó su satisfacción porque la industria manufacturera europea haya quedado «protegida».
Merkel, por su parte, negó que se haya producido una rebaja en las ambiciones iniciales y consideró un éxito el acuerdo.
Además, aunque admitió que inicialmente puede haber «alguna reestructuración» al pasar a una economía más basada en las energías limpias, la canciller alemana se mostró segura de que finalmente tendrá un impacto positivo en la creación de empleo.