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El número de secuestros durante este año en México se acerca a los mil casos

Desde enero y hasta principios del mes de diciembre, han sido denunciados en México 950 secuestros, que arrojan un saldo de 56 víctimas mortales. Las autoridades prevén que para el 31 de diciembre, la cifra sea superior al millar de casos. En 2007 se denunciaron 785.

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Las estimaciones oficiales y de organizaciones civiles cifran en 7.395 el número de secuestros documentados en México desde 1997 y calculan que este año superarán los mil casos. Por el momento, hasta principios de diciembre de 2008 se han conta- bilizado 950 casos.

Según publicó ayer «La Jornada», existe un porcentaje significativo de casos, en los últimos once años, donde las víctimas resultaron muertas o mutiladas. A diferencia de la década anterior, cuando el objetivo de los secuestradores eran personas de alto poder adquisitivo o con nexos políticos, en la actualidad afecta a sectores más amplios.

En algunos casos, los secuestrados fueron liberados tras pagar un rescate; otros, en operativos policiales, y en otros, murieron a manos de sus captores o durante el cautiverio.

En 2007, se denunciaron 785 secuestros, en los que 44 personas murieron, mientras que en los once primeros meses de 2008 han muerto 56 personas.

El jueves, el Senado mexicano aprobó una reforma que otorga al Congreso la facultad de dictar una ley general que fije la tipología penal y las sanciones para los secuestradores.

Violaciones de derechos

Por otro lado, el presidente de México, Felipe Calderón, reconoció que el origen de muchas de las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país tienen su «origen» en las propias autoridades que han permitido y fomentado este tipo de prácticas.

Dijo que el principal reto que «hoy enfrentan los derechos humanos en México proviene de la acción impune de la delincuencia y de la limitación de las instituciones de seguridad y de justicia del país o de franca incapacidad para terminar con tal impunidad».

Transformación

Calderón defendió las acciones de su Gobierno en los dos últimos años dirigidas a «transformar una realidad de impunidad y corrupción en una realidad de leyes y de derechos que se hagan vigentes».

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