El Consejo de Ministros del Gobierno español dio luz verde ayer a su Plan de Derechos Humanos, que se atiene al contenido que adelantó GARA en exclusiva el pasado lunes. En la comparecencia posterior, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no hizo alusión alguna a las críticas expresadas por la plataforma que reúne a 44 colectivos contra la tortura de todo el Estado español, que denuncia el mantenimiento de la incomunicación y la falta de avances.

Por contra, De la Vega no dudó en afirmar que éste «es un plan ambicioso que nos va a colocar en la vanguardia mundial en la defensa de los derechos humanos». Y añadió que se conformará una comisión de seguimiento integrada por representantes del Gobierno, por el Defensor del Pueblo y por otros organismos.

Incomunicación

El ámbito de la tortura es uno de los más polémicos del plan, ya que el Ejecutivo del PSOE ha decidido mantener el régimen de incomunicación pese a la recomendación expresa de la ONU de que la elimine, explicitada por su Comité de Derechos Humanos hace apenas dos meses. Frente a ello, el Gobierno de Zapatero plantea una única reforma legal destinada a eliminar la aplicación de la incomunicación a menores de edad. Matiza además que se grabarán los interrogatorios y que habrá ocasión de realizar un segundo examen médico a los detenidos.