Atrasar la votación del dictamen final de la Comisión que investiga las irregularidades del Museo Balenciaga fue la última prórroga que pidió el PNV en el intento de poder votar junto al resto de partidos. La búsqueda de consenso ha dilatado la fase final, que en un principio se preveía que concluyera el jueves. Todo este esfuerzo demuestra que el PNV no quiere volver a quedarse sólo como en la Comisión Guggenheim. En este caso el dictamen se aprobó con los votos en contra del PNV y de EB, aunque fuentes de este último matizaron al día siguiente de la votación que su postura tenía que ver con que no se admitieran sus alegaciones sobre el cambio del modelo de gestión. El tercer socio del tripartito, EA, en cambio, sí que se desvinculó del posicionamiento del PNV incluso después de que el propio Lehendakari amenazara en el Consejo de Gobierno con disolver el Parlamento si -como después ocurrió- la Comisión criticaba duramente la gestión de la consejera de Cultura, Miren Azkarate.

Al intento de no quedarse solo, se le suman las condiciones de que las responsabilidades que se deducen del dictamen de Balenciaga no son tan contundentes y de que la propia Azkarate asumió su responsabilidad política el pasado 29 de setiembre en su comparecencia ante la Comisión.

Donde ya se quedó solo fue en la Junta de Portavoces que tenía que decidir de qué forma se trataban los dictámenes de las dos comisiones en el pleno de la cámara. Finalmente, el día 22 será a través de dos sesiones monográficas como se abordará el trabajo de las comisiones y no como un punto más, postura defendida por el PNV. Esta decisión amplía los tiempos de intervención a la vez que simbólicamente le da mayor importancia.

Ayer se pudieron conocer más detalles del dictamen con informaciones filtradas a los medios. De la sociedad Berroeta Aldamar -de la que forma parte el ejecutivo de Lakua, junto a la Diputación gipuzkoana y el Ayuntamiento de Getaria- se cuestiona su dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos. También se señala que avaló las actuaciones del gestor máximo con resultados contrarios a los intereses del proyecto -en referencia a Mariano Camio gerente tanto de la sociedad como de la Fundación que impulsó el museo y que está imputado por la Fiscalía-. El informe también menciona a la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco por negligencia en la supervisión y en el inventario de los bienes patrimoniales que fueron cedidos a la Fundación.