Los detenidos por la Guardia Civil denuncian torturas
Los cinco ciudadanos vascos detenidos esta semana por la Guardia Civil en Gipuzkoa y Bizkaia han denunciado todo tipo de malos tratos durante el periodo en el que han estado incomunicados y, según relataron al pasar ante el juez, todos con los ojos vendados. Según trasladó el movimiento pro amnistía, les han golpeado sistemáticamente, les han practicado «la bolsa», han recibido amenazas de muerte y de violación... El juez sólo tuvo oídos para la petición fiscal.
Ibai Egurrola, Amets Ladislao, Xabier Gutiérrez, Mari Mertxe Alcocer y Maribel Prieto fueron trasladados por la mañana a la sede de la Audiencia Nacional después de permanecer cinco -los tres primeros- y tres días -las dos últimas- incomunicados en manos de la Guardia Civil. Tras interrogarles, el juez Santiago Pedraz hizo caso omiso de las torturas relatadas por los detenidos y accedió a la petición del fiscal Juan Moral para enviarles a prisión acusados de «colaboración con organización terrorista».
Los cinco denunciaron ante el juez que fueron torturados y que mientras han permanecido en manos de la Guardia Civil han tenido los ojos vendados, para que no pudieran ver nada, según informó a media tarde de ayer el movimiento pro amnistía. Además, negaron las declaraciones realizadas ante sus captores.
En el caso de Amets Ladislao, la joven explicó que durante el tiempo que permaneció incomunicada estuvo desnuda; fue golpeada en los genitales con algo similar a un listín telefónico; le aplicaron «la bolsa» en más de cincuenta ocasiones, hasta dejarla sin respiración; y recibió constantes amenazas, tanto de muerte como de contenido sexual. La vecina de Berango llegó a perder el conocimiento.
Siguiendo la información difundida por el movimiento pro amnistía, a Javier Gutiérrez también le aplicaron «la bolsa», fue golpeado con las palmas de las manos abierta y amenazado de forma continua.
Ibai Egurrola refirió que, además de «la bolsa», le colocaron una pistola en la cabeza, amenazándole con que iban a matarlo. En otro momento le dijeron que iban a aplicarle electrodos.
Mari Mertxe Alcocer, que presentaba una marca en la mejilla, denunció haber recibido muchos golpes en la cara y recordó que le arrojaron agua fría estando desnuda.
Maribel Prieto explicó que le golpeaban, le tiraban del pelo y de noche le obligaban a permanecer de pie para impedirle que pudiera dormir. Además, un guardia civil le amenazó con obligarle a hacerle una felación.
Tras llegar a Gipuzkoa
Egurrola, Ladislao y Gutiérrez fueron arrestados la noche del lunes en Irun, una vez que cruzaron en un automóvil la muga entre Lapurdi y Gipuzkoa. Desde un primer momento, el Ministerio español de Interior relacionó estas detenciones con las practicadas apenas unas horas antes en una localidad del Pirineo francés, cerca de Bagnères de Bigorre, apuntando a que los tres habían «escapado» del cerco policial. En la operación conjunta de la Gendarmería y la Guardia Civil fueron detenidos Aitzol Iriondo, Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe.
No obstante, al día siguiente, la ministra francesa de Interior, Michèle Alliot-Marie avaló la tesis de que la Policía francesa dejó que fuera la Guardia Civil quien capturara a Egurrola, Ladislao y Gutiérrez. Desde ese momento, desde el movimiento pro amnistía se mostró una gran preocupación por el trato que pudieran recibir mientras permanecieran incomunicados en dependencias del instituto militar español.
El miércoles la Guardia Civil continuó con la operación arrestando a Alcocer, en Algorta, y Prieto, en Berango.
Durante estos días, desde la Audiencia Nacional y desde la propia Guardia Civil se indicó a los familiares de estos cinco ciudadanos vascos que se les iba a aplicar el denominado «protocolo Garzón» para prevenir malos tratos. Es más, el viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Derechos Humanos, que incluso trasladó a la ONU indicando que el Estado español se pone «en la vanguardia mundial». Pero, en contra de lo que le ha indicado repetidamente la ONU, mantiene en vigor la incomunicación de los detenidos
Siguiendo la tesis defendida por la Fiscalía en base a los informes de la Guardia Civil, Santiago Pedraz ordenó el ingreso en prisión de Ibai Egurrola, Amets Ladislao, Xabier Gutiérrez, Maribel Prieto y Mari Mertxe Alcocer por colaboración con ETA. Concretamente, les imputa el «acogimiento y traslado» al Estado francés de los presuntos militantes de ETA Asier Borrero -actualmente en paradero desconocido- y Aitor Artetxe.
En relación con Artetxe -arrestado el lunes-, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional española, de guardia esta semana, afirma que fue trasladado el mismo lunes al Pirineo francés por Ladislao en un vehículo marca Skoda, y que las «labores de lanzadera» las realizaron Egurrola y Gutiérrez con un Opel Zafira. Según indicó la agencia Efe, el Ministerio de Interior considera que esta operación conjunta de la Policía francesa y de la Guardia Civil ha permitido desarticular «una red segura», de reciente creación, dedicada a ayudar a militantes de ETA y preparar su traslado.
Mientras tanto, en Algorta ayer 12o personas reclamaron la libertad de los detenidos.
