Está profundamente arraigada en la sociedad la sospecha, más propiamente certeza, de corrupción vinculada al planeamiento urbanístico y otras decisiones trascendentales para el negocio de la construcción e inmobiliario, con el cobro generalizado de comisiones a las empresas intervinientes, antes como condición o después como compensación, de la concesión de la obra.

La opinión pública percibe netamente que tan gansteril práctica continuará produciéndose y la recalificación de terrenos, prólogo de la especulación inmobiliaria, continuará provocando hábitos tan corruptos mediante escandalosas comisiones para la financiación ilegal de ciertos partidos. Incluso se padece el gravísimo riesgo de aceptarlo como una práctica que, por frecuente, parece ineludible. Ciertos políticos actúan en una impunidad aparente, pero repletos de sospechas.

Hace cinco años, el 1 de noviembre de 1998, en el pueblo de Pedro Jamud, en Córdoba, apareció asesinado a puñaladas Salvador Marín, ingeniero industrial que fue administrador único de Uribitarte SA, la empresa que propició el fraude inmobiliario del Depósito Franco de Uribitarte en Bilbao. Los hechos, bajo investigación del Juzgado número 2 de Montoro, no parece que hayan aclarado el crimen que, misteriosamente, es quizá de los pocos no resueltos y las dudas son muy amplias.

Pues bien, el proyecto destructivo del Depósito Franco y el conjunto monumental catalogado próximo de Escalinatas, Rampas, y Jardines de Uribitarte para construir esa deplorable barriada vertical fue realizado por Vizcaina de Edificaciones, empresa del promotor Antonio Irakulis, reincidente en otros desgraciados procesos en connivencia con el entonces concejal de Urbanismo Rodolfo Ares del PSOE-GAL, de lamentable recuerdo. Recordemos el vergonzoso derribo y posterior burlesca falsificación de lo que fue La Gota de Leche para hacer el Hotel Indautxu.

Salvador Marín siempre aludía a que el personaje clave de la operación era Ares, que ahora pretende dar lecciones de democracia y gestión transparente, pero que la memoria social no olvida. ¿Cuándo intervendrá la Fiscalía Anticorrup- ción para abrir diligencias y evidenciar lo que la sociedad bilbaina percibe hace años, que el Depósito Franco ha sido un depósito negro para financiar al PSOE y posteriormente al PNV, que por su total respaldo obtuvo su botín con la consiguiente recalificación del palacio Agirre situado enfrente, al otro lado de la ría, el Campo del Volantín y su derribo en 1995 para construir viviendas?

Recuérdese que para cubrir las apariencias en ambos corruptos procesos el Ayuntamiento impuso como condición que debían financiar la construcción de una pasarela peatonal. Se hizo el proyecto por Santiago Calatrava, pero como la primera operación finalizó con huida y fraude, quedó como una servidumbre para la otra, que fue quien en definitiva pagó. El puente con el ridículo nombre de «Zubi Zuri» por su color blanco, en realidad y muy apropiadamente, debería llamarse «Pasarela del Blanqueo».