Juegos partidistas en el Congreso con el futuro de 42 ayuntamientos vascos
Una moción de Rosa Díez, única diputada de Unión Progreso y Democracia, pidiendo la disolución de todos los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale dio lugar ayer a diversos movimientos de los partidos en el Congreso con una finalidad puramente propagandística, en la que quedó claro que lo que menos importaba era el futuro de los habitantes de los municipios afectados. Finalmente, la propuesta de UPyD matizada por el PP resultó rechazada.
I.I. |
La página web de Unión Progreso y Democracia ofrecía ayer un lugar preferente al titular «Rosa Díez pone contra las cuerdas al PSOE con una moción para desalojar a ANV». En esos términos estaba planteado el debate de una moción en el Congreso en el que se pedía que en el plazo de tres meses el Gobierno español iniciara la disolución de todos los ayuntamientos go-bernados por la izquierda abertzale, lo que supondría la destitución de sus cargos de los concejales de todos los partidos y que la diputación correspondiente asumiera su gestión.
El PSOE intentó durante la víspera y por la mañana buscar una vía intermedia con Rosa Díez, sabedor de que UPyD llegaría a algún tipo de acuerdo con el PP y que votar contra éste podría tener un coste propagandístico para el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Finalmente, tanto el PSOE como el PP y ERC-IU-ICV presentaron enmiendas a la moción, pero Rosa Díez aceptó sólo la del PP, de forma que finalmente se votó la propuesta de UPyD con los matices del PP, el principal de los cuales era pedir que se activaran de inmediato los trámites para estudiar las actuaciones de cada ayuntamiento y actuar en consecuencia.
Legislatura anterior
En esas condiciones, todo estaba preparado para la batalla partidista entre PSOE y PP-UPyD sobre la voluntad de cada cual en la lucha contra el independentismo vasco. Y así ocurrió, pareciendo por un momento que se asistía a un debate de la pasada legislatura, cuando esta cuestión fue el principal elemento de oposición del PP.
El PSOE defendió que con la legalidad actual no es posible disolver los 42 ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale, aunque anticipó su intención de reformar esa ley y de, hasta entonces, intentar promover acciones individualizadas en cada municipio, como presentar mociones de censura allí donde resulte posible y en el resto «extremar la vigilancia para comprobar si en alguno de los Ayuntamientos gobernados por alcaldes provenientes de las listas de la ilegalizada ANV se adoptaran acuerdos o se desarrollaran actuaciones que, de forma reiterada y grave, impliquen cobertura, apoyo o enaltecimiento, expreso o tácito, del terrorismo o menosprecien o humillen a la víctimas del terrorismo o a sus familiares con el fin de, si se dieran alguno de esos supuestos, proceder a su inmediata disolución».
La votación final volvió a mostrar que el Gobierno español cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos del Congreso, como ocurría también en la legislatura pasada. La diferencia, en esta ocasión, es que el PP tiene el apoyo de la única diputada de UPyD o, si se prefiere, ésta actúa como espoleadora de un PP que últimamente había moderado sus disensos en esta materia.
El Gobierno español ha hecho que el Consejo de Ministros de la UE incluya en su «lista de organizaciones terroristas» a los partidos ANV y EHAK. En el listado figuraban ya todas las organizaciones del independentismo vasco que el Estado español ha ido ilegalizando o suspendiendo de actividades.
Además, se han incluido también los nombres de trece personas, a seis de las cuales se acusa de pertenencia a Xaki, a una a Ekin, a otras dos a Gestoras pro-Amnistía y el resto serían militantes de ETA. La mayoría de ellas se encuentran en estos momentos en prisión. Las agencias de noticias llamaron la atención sobre el hecho de que entre los incluidos figurara Josu Urrutikoetxea.
Según la nota del Ministerio de Interior, a estas personas y grupos se les aplicarán las medidas específicas de colaboración policial y judicial penal, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo. Lo llamativo es que hace apenas año y medio el Gobierno español estuviera negociando con algunas de esas personas y organizaciones de la lista, con la colaboración de mediadores de estados de la UE.
