La izquierda abertzale cree que el PNV busca recuperar el negocio en Azpeitia
La izquierda abertzale afirmó ayer que la moción de censura contra el alcalde de Azpeitia forma parte de una «operación política diseñada por PP, PSE y PNV» para «echar al independentismo de las instituciones», y acusó en concreto a la formación jeltzale de «aprovecharse del grave acontecimiento» de la muerte en atentado de Inaxio Uria para «derribar al gobierno alternativo posibilitado por la ciudadanía» y volver a la alcaldía para «garantizar sus negocios».
![p012_f01_148x108.jpg p012_f01_148x108.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_2505/p012_f01_148x108.jpg)
GARA |
La decisión de presentar una moción de censura contra el alcalde de Azpeitia, Iñaki Errazkin, no es -en opinión de la izquierda abertzale- una decisión adoptada en este municipio, sino que obedece a estrategias diseñadas en otros ámbitos políticos ajenos a él.
Arantza Urkaregi y Miren Legorburu comparecieron ayer ante los medios en Donostia para señalar que, a su juicio, esta moción forma parte de «una operación política diseñada» por PP, PSE y PNV, que pretende «conseguir lo que no consiguieron hace unos meses mediante las denominadas mociones éticas, que es echar al independentismo de las instituciones». Su intención con esta medida sería «debilitar el motor del cambio político que ha de darse en Euskal Herria y perpetuar el actual marco constitucional-autonómico».
Según Arantza Urkaregi, estos partidos quieren a la izquierda abertzale fuera de las instituciones porque «le tienen pánico a las políticas que realiza». «La izquierda abertzale sitúa a las instituciones al servicio del pueblo y no al servicio del partido, y los intereses de las clases populares son el eje de todo el trabajo institucional», aseguró.
En este contexto acusó al PNV de que hablando «en nombre de la ética», lo único que quiere es «aprovecharse de los graves acontecimientos de la semana pasada», en referencia a la muerte en atentado de ETA de Inaxio Uria, para «derribar el gobierno alternativo posibilitado por la ciudadanía» y recuperar la alcaldía con el objetivo de «garantizar sus negocios».
Estas portavoces de la izquierda abertzale manifestaron que «en las anteriores elecciones municipales los ciudadanos de Azpeitia optaron por el cambio, aburridos del caciquismo y chanchullos del PNV». Y desde ese punto de vista criticaron con dureza que que la formación jeltzale pretenda ahora «lograr, desde sus oficinas de Sabin Etxea, lo que no pudo conseguir» en el municipio.
Voluntad de trabajar con EA
Urkaregi y Legorburu se refirieron también la actitud tomada por la dirección de Eusko Alkartasuna, a la que acusaron de haber «claudicado ante la presión mediática y la ejercida por el tándem PSOE-PNV». «EA definió la conducta del PNV como `carroñerismo político', pero abandonó el acuerdo de gobierno municipal y va a apoyar la moción de censura», lamentaron.
A entender de la izquierda abertzale, esta actitud de la formación de Ziarreta «es un importante paso atrás», pero pese a ello añadieron que «aun no estando de acuerdo con esta decisión adoptada por Eusko Alkartasuna, la izquierda abertzale quiere reafirmar su voluntad para trabajar conjuntamente con las fuerzas soberanistas que apuesten por llevar a Euskal Herria a un escenario democrático y por articular un nuevo modelo social, porque Euskal Herria lo necesita».
Además de estas consideraciones, ambas representantes de la izquierda abertzale denunciaron «la hipocresía» de la clase política, ya que, «mientras exige a la izquierda abertzale que condene una clase de violencia, utiliza o calla ante los mecanismos de violencia estatal como la tortura, la vulneración sistemática de derechos o la política de dispersión».
«En palabras de algunos, no es aceptable un alcalde que no condene a ETA. Sin embargo, no tienen ningún empacho en manifestarse o apoyar las operaciones de castigo y venganza contra la izquierda abertzale con aquellos herederos directos del franquismo o con los que crearon el GAL y hoy utilizan la violencia estatal sin ningún rubor», denunciaron.
Finalmente, insistieron en que «ni la represión, ni los intentos de arrinconar o aislar» a la izquierda abertzale van a «traer la solución al conflicto». De este modo, reiteró la necesidad de ir a «las raíces» de éste y remarcó que seguirán trabajando hasta «alcanzar ese escenario en que todos los derechos de todos los vascos sean respetados».
La moción de censura, acordada el pasado jueves y en la cual EA ofrecerá un voto al PNV pero no gobernará con él, está aun pendiente de ser presentada en el Ayuntamiento.
PSOE y PP coinciden en el fin de desalojar a la izquierda abertzale de los ayuntamientos en los que gobierna, pero difieren en los instrumentos, lo que está provocando una bronca entre ambos que recuerda a las de la pasada legislatura. Si el martes la discusión estuvo en el Congreso, ayer llegó al Senado, que rechazó la propuesta del PP de pedir al Gobierno que disuelva con carácter general todas esas corporaciones.
Durante el debate, el PP llegó a exigir al presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, que aclare su estrategia para tener la seguridad de que «no se va a pactar de nuevo» con ETA, mientras el PSOE dudó del interés del PP por la unidad «contra el terrorismo». Ambos partidos se acusaron mutuamente de utilizar electoralmente el tema.
Así, el senador del PP Luis Peral afirmó que Zapatero «está pensando más en los intereses electorales» del candidato del PSE a lehendakari, Patxi López, que «en aplicar la ley que él mismo pactó» con el partido de Rajoy. En su réplica, José Miguel Camacho, del PSOE, le pidió que no busque «atajos» y «no utilice más» el terrorismo para «sacar rédito electoral».
Entre tanto, y como otro reflejo de la pasada legislatura, ayer se conoció que la AVT, Dignidad y Justicia, Foro Ermua y las fundaciones Miguel Angel Blanco y Gregorio Ordóñez, entre otras asociaciones, se reunirán hoy para denunciar la «aberración» que a su juicio supone la presencia de ANV en los ayuntamientos, así como la «pasividad» de las instituciones y los argumentos «falaces» utilizados por el Gobierno español.