El conductor que causó la muerte de tres jóvenes y graves heridas a otras dos en un accidente de tráfico el 21 de noviembre de 2003 en la variante de Elorrio ha sido finalmente condenado a dos años y medio de prisión como autor de tres delitos de homicidio por imprudencia grave.

La sección segunda de la Audiencia de Bizkaia ha revocado la sentencia de primera instancia, dictada el pasado marzo por el juzgado de lo Penal número 5 de Bilbo, que consideraba al acusado autor únicamente de una imprudencia leve al no apreciar conducción temeraria, por lo que le castigaba a una multa de 900 euros y a un año de prohibición de conducir.

Las familias de las víctimas recurrieron la sentencia de primera instancia que calificaron de «escandalosa».

La Audiencia ha condenado ahora a J.A.T. a dos años y medio de prisión y a tres y medio de privación del permiso de conducir como autor de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, según la sentencia.

El siniestro ocurrió hacia las seis y cuarto de la tarde del 21 de noviembre de 2003 en la carretera N-636, en las cercanías de la variante de Elorrio y en dirección a Bilbo, cuando el turismo conducido por el joven condenado, que viajaba con un amigo, chocó frontalmente con una furgoneta, en la que circulaban cinco chicas estudiantes de Mondragon Unibertsitatea.

Como consecuencia del accidente, las jóvenes quedaron atrapadas en el interior del vehículo y tres de ellas fallecieron, mientras que las otras dos estudiantes sufrieron heridas de gravedad.

La sentencia, que es firme, señala como hechos considerados probados que el acusado circuló en sentido contrario más de 700 metros después de terminar el doble carril de la vía, atravesó dos rayas continuas e invadió el sentido contrario pese a las señales en una curva sin visibilidad, según el atestado policial. Así, la resolución dicta que el conductor cometió una «infracción grave y puso en peligro la vida e integridad física del copiloto», y que tuvo como resultado «varias muertes y lesiones en los ocupantes».

Además, el tribunal impone al acusado el pago de las costas y eleva las indemnizaciones, que ha incrementado en un 10% respecto a la sentencia recurrida, tanto para las jóvenes heridas como para las familias de las fallecidas, que serán abonadas por la aseguradora del turismo.