Decía el gran Vázquez Montalbán que políticamente correcto era todo aquello que no rompe el mensaje esperado por el receptor, que no trata de excitar ni de someterle a ninguna preocupación añadida, ni a ningún cambio de registro. Todo ello, claro está, con el fin de satisfacer las expectativas creadas sin mover un dedo para cambiarlas. Las líneas que siguen no son, ni de lejos, propias de un artículo de opinión al uso. Más bien encajarían como un guante en cualquiera de las novelas de Dashiell Hammett, incansable retratista de la corrupción social dominante en su época. Llevo tantas semanas escuchando lecciones de firmeza, pulcritud, ética, humanidad y posibilismo de bocas infames, que me parece obligado romper con el mensaje «think 2020» que sobrevuela nuestros problemas como si de un mantra inmaculado se tratase.

Interrumpiendo por un rato la alegría que produce a Miren Azkarate saber que detienen a sus conciudadanos, y sin perder de vista el vehemente discurso de Javier Balza, o del propio Ibarretxe, en relación con el silencio de los silenciados por ley, intentaré colar entre las líneas de la actualidad alguna de las preguntas que, sin duda, plantearía cualquiera de los antihéroes de las novelas de Hammett, uno de aquellos que luchaban por sobrevivir en una sociedad corrupta y amoral.

Dejemos de lado, por un día, el Guggenheim, el museo Balenciaga, los pelotazos inmobiliarios del litoral vasco o la adjudicación de grandes proyectos de infraestructuras a las mismas empresas de siempre. El PNV siempre consigue interponer algún peón sacrificable entre la denuncia pública y sus responsabilidades, de modo que centraré mi atención en un campo totalmente despejado. En el de los responsables de la ley y el orden. En la Ertzaintza.

Por mi parte, daría por amortizado el siempre aplazado debate sobre la Policía autonómica si, por lo menos, los responsables de la Ertzaintza se toman el trabajo de explicar algunos sucesos relacionados con su tropa que escandalizarían hasta al mismísimo tesorero del batzoki de Abando. El mes pasado, la agencia «Europa Press» difundía la noticia de que un ertzaina había sido detenido por sus propios compañeros, acusado de encabezar una red de tráfico de drogas. Horas después, la propia Consejería de Balza confirmó la noticia, dando cuenta de que el ertzaina quedaba suspendido cautelarmente, a expensas de un expediente disciplinario cuyo final será su expulsión del cuerpo. El gabinete de prensa policial redactó una nota que prácticamente todos los medios clonaron y reprodujeron acríticamente, renunciando a cualquier contextualización o contraste. Si cualquiera de ellos hubiese recuperado los apuntes de primer curso de Ciencias de la Información, repararía en que, en junio de este año, otro ex ertzaina fue detenido en Bilbo, acusado de tráfico de speed y cocaína. Anteriormente, otros dos integrantes de la Unidad de Análisis e Información de la Ertzaintza fueron detenidos con el mayor alijo de speed intervenido en Bizkaia hasta entonces. Y no es más que la punta del iceberg.

La punta es, sin embargo, tan reveladora como indicativa de por dónde transita la ética jelkide en asuntos de Interior. Si de por sí no fuera suficientemente revelador que en las tres últimas grandes operaciones antidroga en Bizkaia haya aparecido algún agente o ex agente de la Ertzaintza como responsable de la trama, hay otro dato que señala directamente al actual y anteriores consejeros de Interior del Gobierno Vasco. El ex ertzaina que distribuía droga a gran escala en Bilbo era responsable de seguridad en la discoteca Bluesville, propiedad de los hermanos Etxebarria Piñeiro, ertzainas de la primera promoción de Arkaute y perejil de casi todas las salsas del cuerpo.

Conocidos como los Pamperos por su ascendiente sudamericano, compaginaron altas responsabilidades dentro de la Brigada Antiterrorista de la Ertzaintza, con negocios empresariales en el sector hostelero, pese a ser completamente incompatible e ilegal. El principal empresario del clan familiar es Daniel, que acogió al ertzaina ahora detenido una vez que fue expulsado de la Ertzaintza, y lo puso al frente de la seguridad de su discoteca. El mismo Daniel que participó en la emboscada del parque Etxeberria en 1992, y que protagonizó un escándalo mayúsculo a las puertas del chalet de Atutxa en Lemoa. Protegido de Retolaza, Galdos y Atutxa, cayó en desgracia y abandonó la Ertzaintza más tarde, pero sigue siendo intocable. De lo contrario, todas estas conexiones ni pasarían desapercibidas ni se despacharían con fotocopias de la nota del departamento de prensa de la Ertzaintza.

Acostumbrados a fajarse en el cuerpo a cuerpo, no faltará una explicación en clave exculpatoria que rechace cualquier responsabilidad del Ejecutivo vasco y denuncie la envenenada intención de esta denuncia. Se trataría, en cualquier caso, de ex agentes y actividades al margen del honor de la Ertzaintza, institución en el frontispicio de nuestro autogobierno, como gustan subrayar en tertulias y agasajos oficiales. Y ya que las andanzas de cuatro corruptos de medio pelo no hacen granero, me pregunto por qué han pasado igualmente desapercibidas las conexiones de alguien tan importante como el ex director de la Policía de lo Criminal de la Ertzaintza con el mayor proxeneta del Estado español. Por qué tampoco esta relación contrastable ha llegado a agencias de prensa y teletipos.

En efecto, Natxo Ormaetxe fue durante muchos meses delegado para la zona norte de la empresa Abymatic, especializada en integración de sistemas de seguridad, tras su fulminante cese, en 2005, como jefe de la lucha antiterrorista de la Ertzaintza. Este paso de la esfera pública a la privada es una finta habitual en el pronto pago de servicios prestados. Lo inusual en este caso es que Ormaetxe, afín a Egibar y Arzalluz, estuviese en nómina de una empresa mayoritariamente participada por Antonio Herrero Lázaro, alias Picolo, miembro del «Clan de la Rosa», compadre del ex general Rodríguez Galindo, y habitual de la crónica negra de Euskal Herria. Llama igualmente la atención que otro de los responsables de Abymatic sea Kepa Santiago Ramírez, administrador único desde el año 2006, otro ertzaina de dilatado historial y altas responsabilidades en el organigrama de Interior en Lakua.

Si pasando de puntillas por el registro mercantil aflora todo este reguero de conexiones, es de imaginar que el alcantarillado nos conduciría hasta un pozo negro que ni el propio Balza se atreve a destapar. De ahí que una de las bases del acuerdo presupuestario PNV-PSOE haya sido dotar de fondos públicos el proyecto de jubilar a los ertzainas con los sesenta años recién cumplidos. Que los prejubilados más ricos de Euskal Herria se sientan a gusto es condición indispensable para que la olla no estalle y salpique de speed, dinero sucio y colonia de puticlub la centralidad política que vertebran Iñigo Urkullu y Patxi López. Porque el entorno político-policial del PSOE gasta de lo suyo. ¿Quién quiere hablar de mafias e indignidad en este país?