Desde la despenalización parcial del derecho al aborto, allá por el año 1985, hemos podido comprobar desde el movimiento feminista, que este limitado derecho se limita todavía más en su aplicación práctica, poniendo en entredicho, y negando en numerosas ocasiones, el derecho de las mujeres a decidir.

La prometida modificación de la legislación sobre el aborto vendida por el PSOE en la campaña de elecciones no llegó en la anterior legislatura. Al decir de los dirigentes de este partido no había consenso suficiente en la sociedad para llevar adelante una ampliación de los supuestos. Más grave es que no haya sido capaz, en el tiempo que lleva gobernando, de garantizar la aplicación de la ley en su totalidad e integridad ni de conseguir que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) se realicen en la red sanitaria pública.

Si nos acercamos a la realidad de Nafarroa, la síntesis de la negligencia del PSOE y la mala fe de UPN-CDN, nos da como resultado uno de los mayores escándalos de la política sanitaria y de atención a las mujeres de todo el Estado español. Estamos hablando de lo que todo el mundo sabe: en Nafarroa no se pueden realizar abortos, debido a una interpretación de la objeción de conciencia que sitúa a nuestro Ejecutivo en los límites de la prevaricación, sino en el delito mismo.

En el resto de Euskal Herria la situación es más halagüeña, pero hay que decir que funciona a costa de los centros privados, es decir, pagando. Y como las cosas de la vida son así y las de la Administración mucho peor, resulta que en un porcentaje muy alto son las propias mujeres las que apoquinan de sus bolsillos los costes, pues resulta más rápido y eficaz no «sufrir» los trámites administrativos que ponen en peligro, incluso, la legalidad de una intervención sujeta en muchos casos a plazos.

Ahora ya hemos visto que el Gobierno de Madrid ha empezado a fabricar ese consenso que dice necesitar para sacar adelante la nueva ley o la modificación de la actual. Las feministas que llevamos desde finales de los años 70 exigiendo la despenalización del aborto y la realización del mismo en la red sanitaria pública, volvemos a tomar los instrumentos de esta pelea y salimos a reivindicar nuestros derechos.

Desde nuestros grupos feministas, y desde la Coordinadora estatal de organizaciones feministas, hemos iniciado una amplia campaña que se abre con una masiva recogida de firmas a favor del derecho de las mujeres a decidir, para que el aborto salga del Código Penal y para que se realice en la sanidad pública y con todas las garantías sanitarias y jurídicas para el personal afectado.

Los parámetros de nuestras reivindicaciones son meridianamente claros. Situamos en el centro de nuestro planteamiento el derecho de las mujeres a decidir. Sin mediaciones y sin ingerencias. Es una consecuencia del derecho máximo, a controlar nuestro cuerpo y a decidir sobre si queremos o no tener descendencia, y en su caso con quién y cuándo. Y lógicamente, lo que es un derecho, nunca puede ser considerado como un delito. De ahí la exigencia de la salida inmediata del aborto del Código Penal.

El resto de las reivindicaciones tienen que ver con la garantía real del ejercicio de un derecho. Sólo la realización de las IVEs en la sanidad pública garantiza su efectivo ejercicio por parte de toda la población. Máxime para las mujeres en situación más precaria o que tienen mayor dificultad de acceso a los recursos socio-sanitarios, como son las jóvenes, las mujeres inmigrantes y las mujeres con pocos recursos económicos.

Cabe señalar que reivindicamos el derecho al aborto libre y gratuito y en la sanidad pública dentro de un elenco de derechos que conforman los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uno muy importante es el derecho a recibir una educación sexual adecuada, especialmente en el ámbito de la educación reglada y una información suficiente y eficaz para acceder a los métodos anticonceptivos.

Fruto de la negación de estos derechos por parte de nuestras administraciones públicas es la proliferación de embarazos no deseados que desembocan en abortos. Muy a menudo la práctica de un aborto obedece a un embarazado no deseado porque han fallado los medios adecuados para impedirlo.

Como siempre seguimos sacando a la calle nuestras consignas y reivindicaciones más clarificadoras: «Nosotras parimos, nosotras decidimos», «El aborto es un derecho y no un delito», «Anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir».