Nafarroa Bai denunció ayer que en Nafarroa son al menos 87 las mujeres que se han visto afectadas por la práctica de la ablación del clítoris, y explicó que 47 niñas más podrían haber sufrido también esta práctica en este herrialde, según indican los datos facilitados por el organismo Médicos del Mundo.

Con el objetivo de hacer frente a estas brutales actuaciones, que vulneran los más elementales derechos, la coalición registró en el Parlamento una iniciativa legislativa con la que pretende que el Ejecutivo navarro se implique de forma activa en contra una práctica que califica de «absolutamente inaceptable en nuestro sistema jurídico», porque es «contraria a los principios que inspiran nuestro sistema de valores».

Por ello, según apuntó a este respecto el parlamentario de Nafarroa Bai Ioseba Eceolaza, «es preciso que trabajemos por la prevención, la mediación y, si ya se ha producido la ablación, por la reversión quirúrgica de ese problema».

En declaraciones ante los medios de comunicación, este parlamentario valoró que «es una práctica que atenta frontalmente contra la dignidad humana» y, más concretamente, «contra la dignidad de las mujeres, al ser una acción que hipoteca y limita toda una vida».

No tiene constancia

En relación a la respuesta institucional sobre este tema, Eceolaza subrayó que, según se refleja en una respuesta del Gobierno que preside Miguel Sanz al Parlamento, el Ejecutivo «no tiene constancia de esta problemática y, por lo tanto, no tiene tampoco un protocolo para actuar».

Ante esta situación, el representante de NaBai registró una moción con la que busca, según detalló, que el Gobierno de Nafarroa «garantice las medidas específicas para prevenir y erradicar las mutilaciones genitales femeninas, a través de la mediación comunitaria, y para que se cuente con los mecanismos sanitarios de intervención quirúrgica en el sistema público de salud para poder hacer frente a la demanda de las mujeres que quieran revertir los efectos de la mutilación practicada» en sus cuerpos.

NaBai pide así que se apruebe un protocolo de actuación, tal y como ya existe en otros lugares del Estado español como Aragón y Cataluña, ya que esta mutilación genital «tiene consecuencias físicas graves que atentan incluso contra la vida de las mujeres», tanto por sus consecuencias inmediatas, como por constituir «una experiencia traumática para las niñas y mujeres que son sometidas» a ella.