A Arcelor se suma Sidenor, Nacex o Construcciones Metálicas Urialde. LAB denuncia esa nueva ofensiva patronal. Es visible el incumplimiento de la obligación legal de los empresarios de disponer las medidas de seguridad y puestos saludables en los centros de trabajo. Además, con la aquiescencia de la Administración pública, han logrado imponer que en algunas estadísticas oficiales los accidentes de trabajo se dividan en traumáticos y no traumáticos. Es decir, los que se deben a infartos o cualquier dolencia no derivada directamente del trabajo de un empleado en la empresa, pese a que la comunicad médica cada vez relaciona más esas consecuencias fatales. Más del 50% de las empresas no tienen realizada la evaluación de riesgos, por lo tanto todavía desconocen el peligro.

A esta dos circustancias se añade que cada vez más empresas presionan a los trabajadores para evitar que cojan bajas o que, en caso de un accidente o una denuncia por falta de medidas de seguridad, se acuse al propio trabajador de no haber actuado correctamente con las medidas de protección y prevención adecuadas. Obvian lo fundamental: que son los empresarios quienes están obligados a garantizar que la salud sea algo más que un papel. A pesar de todo, durante este año son ya 105 los trabajadores que han fallecido en Euskal Herria. Las causas son variadas pero casi siempre se conjugan tres elementos: ritmos elevados de trabajo; falta de prevención, información y formación en materia de riesgos laborales; y precariedad.

Los empresarios han emprendido esta carrera para conseguir los «cero accidentes», aunque sea de forma artificial. Esa estrategia no es nueva, pero se está generalizando porque el efecto negativo de los accidentes de trabajo sobre la imagen de las empresas es mayor del que se pensaba. En la Unión Europea se considera que una empresa con un nivel elevado de accidentabilidad no es innovadora y eficiente, lo que cada vez se tiene más en cuenta a la hora de realizar intercambios comerciales. Entre enero y setiembre, en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se han producido 45.395 accidentes de trabajo con baja, incluyendo las bajas en el trayecto. Pero, existen otros 25.000 más accidentes sin baja, que muestran un nivel muy elevado de falta de seguridad. Ibon Zubiela, secretario de Salud Laboral de LAB, explica a GARA que cada vez se está haciendo más frecuente que los empresarios «intenten culpabilizar a los trabajadores de los accidentes, cuando son las víctimas de esas malas condiciones de trabajo, de la falta de prevención y de unos ritmos de producción cada vez más elevados».

Afirma que «tenemos que responder a los accidentes y enfermedades. Está claro que con la crisis van a intentar que se produzca más flexibilidad y aumente la precariedad, incluso nos van a pedir arrimar el hombro. Pero los trabajadores tenemos que responder que las malas condiciones laborales no tienen que ver con la crisis. Antes de que llegara, en el período de enormes beneficios económicos, se ha demostrado que más de la mitad de las empresas no han hecho la evaluación de riesgos. Tenemos que hacer frente a este grave problema».

Zubiela pone sobre la mesa casos en los que las empresas están culpando a los trabajadores de los accidentes o en los que se presiona a los mismos para que no declaren las bajas por incapacidad temporal para evitar que conste en los registros oficiales. «En la empresa de mensajería y paqueteria Nacex se culpa y sanciona a un trabajador que sufrió un accidente en moto. Llevó la motocicleta al taller y el mecánico, ante las prisas por arreglarla, le remplazó el tapón deteriorado del aceite con un corcho provisional. Pero se salió el aceite y el trabajador resultó herido al resbalar sobre el aceite. La empresa culpa al trabajador, cuando el ritmo de trabajo es elevado y la precariedad, absoluta».

En la empresa Construcciones Metálicas Urialde, del polígono Anuntzibai en Areta (Laudio), un trabajador de 32 años falleció hace unas semanas atrapado por una gran pieza metálica. Uno de los miembros del comité de seguridad y salud de la empresa explica que «denunciamos que los polines móviles -una especie de rodillos- no estaban bien alineados ni sujetos, por lo que al poner las piezas de grandes dimensiones, algunas de más de 16 toneladas, se mueven y se desplazan». La denuncia motivó una sanción al representante sindical. LAB ha recurrido la sentencia. «En esa empresa la seguridad y la salud es una risa. Sin embargo, como protestes o digas algo los problemas los tiene el que lo denuncia, no la empresa», dice el trabajador a GARA.

Sin seguridad

Trabajan, a juicio de la central sindical, sin las medidas adecuadas de seguridad, sin protección en las escaleras, sin que las líneas de vida permitan el acceso a las partes más altas de las piezas sobre las que hay que actuar. Incluso, las grúas no tienen freno y otros elementos de producción no están homologados. «Osalan y la Inspección de Trabajo han dado tres meses a la empresa para que ponga todo en orden. Pero, en medio, han sancionado y están presionando a los trabajadores para que no se preocupen de algo tan básico como es su seguridad para evitar que haya accidentes», explica Zubiela.

A juicio de LAB, estas medidas impuestas para que se mejore el proceso de producción son positivas «pero se da excesivo plazo para que la empresa adecue las instalaciones, porque durante este tiempo tampoco se están poniendo la protección adecuada para evitar que las causas del accidente mortal se reproduzcan. De hecho, cuando el representante del Comité de Seguridad y Salud denunció el problema es porque el encargado ya había pedido a los trabajadores que callasen que se había puesto en marcha la máquina sin las oportunas correcciones».

LAB cree que el problema no es económico, ya que «en los primeros años del traslado desde Gallarta sus dueños reconocieron que habían obtenido tres veces más de lo invertido. Hay trabajo y se factura, sin embargo no quieren preocuparse de la seguridad y la salud de los trabajadores, que trabajan a ritmos altos y en jornadas prolongadas».