En el Caso Guggenheim dos son las actuaciones irregulares investigadas por el Parlamento. Una, el desfalco cometido entre 1998 y 2008 por el director de administración y finanzas, Roberto Cearsolo, que asciende a 557.000 euros. Dos, la pérdida de 7,2 millones de euros por una operación de cambio de divisas.

En ambas cuestiones hay un elemento en común: la falta de cualquier sistema de control tanto por parte del director general del museo, Juan Ignacio Vidarte, como de los miembros de los consejos de administración, presididos en este periodo por las consejeras de Cultura Mari Carmen Garmendia (1995-julio de 2001) y Miren Azkarate (desde julio de 2001).

Y una de las medidas que facilita esa falta de control es la falta de auditorías externas, puesto que los consejos de administración decidieron prescindir de ellas en 1998 a propuesta técnica de, precisamente, Cearsolo. Y ese año comenzó el desfalco.

Las leyes actuales permiten que una sociedad, a pesar de tener todo su capital público, pueda no someterse a auditorías si una sola institución no controla más del 50% de su capital. La decisión de las sociedades del Guggenheim de prescindir de ella las privó de un procedimiento que podía haber detectado las irregularidades con antelación y de un instrumento disuasorio para quien pretendía cometer un desfalco tan burdo que, al subdirector de finanzas, Andoni Dobarán, le bastaron unas pocas horas mirando las cuentas en búsqueda de otra documentación para descubrir la actuación delictiva de Cearsolo.

Por todo ello, una de las principales recomendaciones de la comisión de investigación es cambiar las leyes para que haya un mayor control de estas sociedades y que se realicen auditorías sobre ellas.

El museo está regido por la Fundación Guggenheim Bilbao que tiene como socios al Gobierno de Lakua, la Diputación de Bizkaia y la Salomon R.Guggenheim Foundation. Con ella conviven la Sociedad Inmobiliaria que se creó para la construcción del museo y a la Sociedad Tenedora, que se encarga de la compra de las obras de arte.

Compra innecesaria de dólares

En junio de 2002 el director general del museo, Juan Ignacio Vidarte, asistido por Roberto Cearsolo, decidió comprar 13,3 millones de dólares a un precio fijo, suponiendo que el dólar iba a revalorizarse sobre el euro. Pero ocurrió al contrario, y en lugar de buscar soluciones, como afrontar la ruptura del contrato firmado con el BBVA o acabar la operación cuanto antes, lo que se hizo fue ampliar los plazos y comprar más dólares, hasta perder 7,2 millones de euros.

Pero estas pérdidas no son una cuestión de mala suerte. En primer lugar, porque en 2002 -año de la implantación del euro en el que no se sabía cómo actuarían los mercados- no hacía falta comprar esos dólares, que no se utilizaron hasta 2004. En segundo lugar, porque la decisión se adoptó sin ningún asesoramiento, ni siquiera el del comité asesor con el que contaba el patronato del Museo. Nada hacía prever que el dólar se apreciaría, salvo algunos recortes de prensa y artículos de especialistas rebatibles con otros existentes en sentido contrario. Y, de hecho, aunque la operación hubiera salido bien, se constata que fue especulativa y absolutamente innecesaria e imprudente.

Control absoluto de Cearsolo

Toda la operación estuvo controlada por Roberto Cearsolo, aunque la firmara Juan Ignacio Vidarte, cuando incluso hay dudas legales de que el director general estuviera autorizado para ello. Y el Consejo de Administración avaló y dejó hacer.

De hecho, todas las finanzas de las sociedades del Guggenheim las controlaba de manera exclusiva y personal Roberto Cearsolo desde la creación del Consorcio que puso en marcha el museo en 1992. Esto era una excepción en la forma de trabajo de la Fundación y era conocida y consentida por el director general y el consejo. El control absoluto permitió que Cearsolo hiciera lo que quisiera con las cuentas: desde malcomprar dólares hasta llevarse 557.000 euros sin que nadie dijera nada.