La semana que termina hoy, como ya es habitual en este país, ha producido mucha más información de la que un ciudadano de a pie puede digerir. Es probable que los vascos deban sumar a los tópicos antropológicos sobre su carácter una creciente incapacidad para la sorpresa, dado que a diario desayunan entre hechos en sí sorprendentes y declaraciones de políticos aún más sorprendentes, vistos esos mismos hechos.

La semana comenzó con la presentación del Plan de Derechos Humanos del Gobierno español que pronto se topó con nuevas detenciones y casos de tortura, así como con la noticia del secuestro de un ciudadano vasco en Nafarroa Beherea por parte de personas que se identificaron como policías españoles. Hoy, GARA recoge la declaración de diez ciudadanos vascos que anuncian su decisión de integrarse en ETA. Han tomado esa decisión personal como consecuencia de la persecución que sufren por parte de la Policía por militar en organismos políticos. Ante la imposibilidad de llevar sus proyectos políticos adelante «por medios exclusivamente pacíficos» -por utilizar una coletilla instaurada en la clase política- han decidido, según sus propias palabras, «tomar las armas».

Una declaración sorprendente... pero no tanto

La declaración es sorprendente por diferentes razones. En principio, se trata de un caso inédito en la historia de Euskal Herria. Han existido declaraciones públicas en sentido contrario, como la famosa rueda de prensa de ETA político-militar, pero nunca un grupo de ciudadanos ha hecho público su paso a la clandestinidad. Del mismo modo, tal y como se puede inferir de las posteriores detenciones, muchas personas siguen a día de hoy tomando ese camino, pero suele ser la Policía la que lo hace público, no esas personas.

No obstante, la declaración hace explícito un pensamiento muy extendido entre la ciudadanía vasca, no necesariamente por afinidad ideológica con quienes han tomado esta decisión, sino por puro sentido común. En decenas de pueblos de Euskal Herria los vecinos, de toda condición e ideología, han visto cómo se detenía, en muchos casos torturaba y condenaba a largas penas de cárcel en las más duras condiciones a jóvenes cuyo supuesto delito era atacar mobiliario urbano. También han visto detener y encarcelar a personas no tan jóvenes que hasta aquel momento habían sido sus representantes en el ayuntamiento, gracias a los votos de una parte importante de esos mismos vecinos. Por otro lado, a nadie ha escapado la doble vara de medir instaurada en la justicia española, así como la involución política y jurídica que ha tenido lugar en los últimos años.

Como gráficamente expresan quienes han tomado esa dura decisión, «pretendían juzgarlos como si fuesen de ETA sin serlo», y eso ha sido precisamente lo que les ha empujado a integrarse en esa organización.

Sin embargo, tampoco se puede obviar que la decisión de estas personas parte de su situación y convicción personal, y que otras miles de personas siguen militando en sus pueblos en las condiciones que aparecen reflejadas en esa declaración. En ese sentido, la estrategia de ilegalización y marginalización del proyecto político independentista ha fracasado doblemente, al no lograr la derrota de ETA y no conseguir empujar a la clandestinidad a ese movimiento político como tal.

¿Chulería, necedad o táctica?

Los discípulos de Patxi López denominan a Pérez Rubalcaba «el ministro vasco». Debe ser porque él también es inasequible al desaliento. Así, esta semana aseguraba que «ETA ha podido terminar como el IRA y terminará como el GRAPO». Rodríguez Zapatero, por su lado, reivindicaba como un gran éxito que cada dos días un ciudadano vasco haya sido detenido durante los dos últimos años. Un éxito que puede defenderse en términos puramente policiales, pero que refleja un problema político que no tiene solución militar posible. Y es que una simple regla del tres con los casos planteados por ellos aclara la necedad de sus palabras y evidencia la debilidad de sus planteamientos. Se trata de declaraciones efectistas e incluso propagandísticamente efectivas, pero necias al fin y al cabo. Con sus palabras, en el mejor de los casos, los mandatarios españoles pretenden crear desaliento y generar dudas en el adversario, ganando ventaja para una futura negociación, conscientes de que ése es el único modo de resolver el conflicto vasco. Toda Europa y la comunidad internacional se lo ha hecho saber. En el peor de los casos se creen sus propias palabras y pretenden hacer de ellas política de Estado. Desgraciadamente esta última hipótesis parece más plausible.

Mejor harían si aclararan su postura sobre otros asuntos de su plena responsabilidad. Mejor harían, por ejemplo, si explicasen a los organismos internacionales que han denunciado al Estado español cómo pueden permitir y ocultar casos de torturas como los denunciados esta misma semana. Mejor harían en explicar a las autoridades europeas cómo utilizan su inhibición para que sus agentes reactiven la guerra sucia en Ipar Euskal Herria con total impunidad.

En definitiva, mejor harían si aceptasen lo que ya saben: que cada paso dado en esa dirección retrasa la resolución del conflicto y da la espalda al deseo mayoritario de la sociedad vasca, que no es otro que superar esta fase del conflicto. Incluida la base social de su partido.