La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada ayer por el Gobierno español supone que miles de trabajadores del Estado, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, cobrarán 624 euros mensuales, por lo que difícilmente habrán acogido la noticia de tan insignificante incremento con alborozo, pues en modo alguno se puede siquiera sugerir que supondrá el más mínimo alivio en sus economías.

Esos 624 euros hasta los que se ha incrementado el SMI están muy lejos de los 800 que el Gobierno de Rodríguez Zapatero prometió para el final de legislatura, por lo que ese salario anuncia el incumplimiento de esa promesa electoral. En cualquier caso, esa cantidad se encuentra aún más lejana del umbral de la pobreza, situado por la plataforma contra la exclusión social Elkartzen en 1.030 euros para el año 2008. Es decir, el salario mínimo continúa muy por debajo del necesario para atender las necesidades básicas, ahora además en situación de crisis, a la que precisamente las economías más precarias son más sensibles. Y conviene recordar que satisfacer esas necesidades es un derecho de toda persona. Sin embargo, los gobiernos con sus políticas económicas dan a entender, especialmente en situaciones como la actual, que los derechos de ciertos sectores de la población no merecen el esfuerzo económico que dedican a reflotar un sistema responsable de tanta precariedad. Así, esta subida del SMI deja en evidencia, una vez más, las medidas del Gobierno español para afrontar la crisis: mientras da facilidades fiscales a las rentas del capital, a los trabajadores, en este caso a quienes tanto en crisis como en tiempos de «bonanza» no pueden cubrir sus necesidades más elementales, les aplica la contención salarial.

No conviene perder de vista, por último, la dependencia que los trabajadores de Euskal Herria tienen de ésta y cualquier otra decisión del Gobierno español en materia laboral. El día a día demuestra que el marco laboral, al igual que el político y jurídico, tiene una importancia que va más allá de lo simbólico.