Una vez más, el PNV ha hecho gala de su prepotencia, y por boca del buque insignia de entre sus consejerías, el Departamento de Hacienda y Administración Pública, ha insertado un anuncio, (únicamente en castellano, el euskera lo utiliza para la postal y «Berria») pagado con el dinero de todos los contribuyentes, a página entera, para hacer pública su versión unilateral de una problemática laboral que afecta a la plantilla de la Administración General del Gobierno Vasco.

Ha utilizado dinero de los contribuyentes para manipular a los ciudadanos de este su Virreinato autonómico e intentar limpiar la cara de una práctica de no negociación colectiva para con sus trabajadoras y trabajadores.

Hay que recordar que en esta «su» administración existe un colectivo de casi 1.200 laborales cuyo convenio colectivo data de 2001. ¿En qué otra empresa se consiente esto? En cuanto a los funcionarios, se renovó el Acuerdo de Condiciones Laborales en 2005, con la firma en minoría de un único sindicato. Este Acuerdo fue utilizado por Función Publica para imponer un modelo de gestión privatizadora de servicios y una valoración a la baja de los puestos de trabajo, con una absoluta falta de consideración para con la plantilla, lo que se tradujo en la presentación de más de 3.000 reclamaciones de los trabajadores, sobre un total de casi 5.000 personas afectadas.

El Departamento de Hacienda y Administración Pública, en su anuncio, realiza un ejercicio de reduccionismo del conflicto. Lo que los sindicatos defendemos es el derecho a la negociación colectiva; es poder llegar a acuerdos a través de ella, y es en esa negociación donde se han de tratar los asuntos laborales. No se puede recurrir a triquiñuelas legales, como lo es la utilización de una Ley de Presupuestos para regular la jornada y complementos salariales, que son materia de negociación colectiva. Esta Administración obvia que en su día (hace más de un año) tres sindicatos que representamos al 90% de la plantilla hicimos entrega de una plataforma conjunta que ha sido ninguneada por parte de la Dirección de negociación colectiva. Esta actitud lleva implícito el argumento de que sólo se negocia aquello que «ellos» proponen.

La nota del Departamento de Hacienda y Administración Pública afirma que tenemos más días libres que los trabajadores públicos del Estado, y adjunta una tabla falaz y mentirosa. Los datos reales son estos: nuestro calendario laboral supone trabajar 1.668 horas anuales, y dado que supondría superar las 1.592 que contempla el Acuerdo por las 35 horas y la Creación de Empleo firmado en 2000, a los gestores ultraliberales de esta Administración no les queda otra posibilidad que reintegrar a la plantilla el exceso de horas trabajadas en días de libranza. Y a esos días la vicelehendakari los denomina «días libres». Esta es la verdad y no otra.

En su escrito el Departamento de Hacienda y Administración Pública realiza otra serie de consideraciones barriobajeras y tendenciosas para tratar de embaucar a la opinión pública. En la plantilla de esta Administración no somos unos privilegiados, como quiere hacerse ver en este anuncio. No tenemos la culpa de que esta Administración neoliberal no sepa cómo hacerle frente a la crisis que han contribuido a crear. Máxime cuando los responsables de esta Administración han sido los principales impulsores de privatizaciones, de obras faraónicas, de las vacaciones fiscales a empresas, de las ayudas a fondo perdido a multinacionales que luego han cerrado, y de la concentración de la riqueza en unos pocos olvidán- dose de la gran mayoría. Y en esa damnificada mayoría están también las empleadas y los empleados públicos, quienes han sufrido una política salarial que les ha supuesto pérdida real de poder adquisitivo.

No somos responsables de que los gestores de la Administración permitan el deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de su tercio autonómico para luego afirmar que somos unos privilegiados, olvidándose del trabajo precario en la Administración, de las subcontratas a sus empresas, de las privatizaciones, etcétera.

Tampoco hemos sido los sindicatos quienes hemos aumentado el presupuesto para cargos de confianza, ni quienes hemos dilapidado en celebraciones y fastos de Navidad más de 60.000 euros sólo en el Gobierno Vasco. Porque nada sabemos de la cuantía de los gastos de las empresas públicas, que también se nutren del dinero de los contribuyentes. La coyuntura de crisis es para todos, incluidos lo directivos de esta Administración y de sus empresas títeres de servicios privatizados; o creadas desde un principio para nombrar o recolocar a cargos políticos afines, como en la Agencia URA, según hemos podido apreciar recientemente.

Por último, debemos subrayar que este PNV ha diseñado su modelo de Administración copiándola de la española franquista, empeorándola, e incluso colapsándola, como puede evaluarse en el servicio de atención al público Zuzenean. De lo único que se ha preocupado es de premiar a sus acólitos. Están haciendo bandera de su intransigencia y sus malas artes, y este anuncio, pagado por todas y todos, es el último ejemplo, mintiendo sobre las trabajadoras y trabajadores sin el más mínimo pudor, como hacían los jauntxos.

En definitiva, queremos negociar, ya lo reivindicamos en rueda de prensa el día 19. Exigimos que no nos impongan condiciones para ello, y reiteramos a los partidos políticos y grupos parlamentarios la petición de que no se dejen amedrentar por el PNV, que voten en libertad y devuelvan el artículo 22 a la mesa de negociación colectiva, de la que nunca debiera haber salido.