Ahora que los ecos de las carcajadas provocadas por la intervención de Nicola Lococo en la Audiencia Nacional han cesado, conviene prestar atención a la moraleja del cuento (...).

Que hayamos usado para defendernos las armas de nuestro oficio, que no es otro que el humor, no significa que en la sala de lo Penal no se estuviera desarrollando una auténtica batalla en torno a la libertad de expresión y a una legislación obsoleta que permite a la familia real vivir por encima de la ley. Y eso no es nada gracioso.

Antes de que el surrealismo de las explicaciones de Lococo desequilibrara el castillo de naipes con que la Fiscalía había urdido la acusación, nos enfrentábamos a una multa por injurias graves al Rey de 33.000 euros. Una cifra que habría disuadido a cualquiera de adentrarse en el campo minado que supone reprobar la conducta de su Majestad. Crítica que, por otra parte, debería servir de contrapeso, dado que la Constitución prohíbe taxativamente que responda de sus actos.

Dicho esto, y tras dos años y medio de proceso judicial, la conclusión que extraigo es que cualquiera puede ser condenado por injurias a la Corona. Para ello, basta con que el microscopio de la justicia se pose con la suficiente intensidad en una palabra, un gesto o una imagen. Nada le importaba al fiscal lo que Nicola había querido decir en su artículo de más de dos folios, sino lo que había insinuado al escribir «mequetrefe», «cuchipanda» e «irresponsable». Lo mismo en nuestro caso, donde el tamaño de un barril y una pregunta lanzada al aire suponían las pruebas de cargo. En esta ocasión caímos a este lado de la línea, pero ¿y la próxima?