La fundación Ipar Hegoa para estudios sindicales y LAB se han preguntado en dos jornadas celebradas en Iruñea si «¿Es pública la administración pública?». Se trataba de hacer una reflexión sobre la evolución del sector público y plantear alternativas al modelo actual, que avanza hacia la privatización creciente de servicios públicos. Las jornadas fueron un éxito y, a la vez, un reto para dar un nuevo impulso al trabajo en la administración pública.

«Tras tres décadas del Amejoramiento y el Estatuto ponemos a examen tanto el modelo que se ha construido como la orientación neoliberal de las políticas desarrolladas desde las instituciones», como explicó Pazis García. En la primera jornada se abordó desde una posición crítica el papel de ambas administraciones autonómicas, «que tienen como señas de identidad, un marco competencial restrictivo, su utilización para perpetuarse en el poder por parte de los partidos que gobiernan las instituciones (PNV, UPN y PSOE), las prácticas de clientelismo y corrupción, la orientación neoliberal de las políticas dirigidas a producir una trasvase de rentas a favor del capital, la mercantilización creciente de los servicios públicos y el deterioro de las relaciones laborales».

En la segunda jornada se analizaron las experiencias de poblaciones como la de Marinaleda, para lo que estuvo presente su alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el noruego Svein Olav Aarlott, de la localidad de Trondheim, ejemplo de una administración pública para muchos países desarrollados. La jornada concluyó con un decálogo y una propuesta sobre «la necesidad de crear una iniciativa social en defensa de unos servicios públicos de calidad». Ese es, sin duda, el eje y la principal enseñanza lograda de estas jornadas.

El objetivo de la iniciativa social, según se debatió en el encuentro organizado por la fundación Ipar Hegoa, es «denunciar y perseguir de manera sistemática, el clientelismo, los fraudes y la malversación de fondos públicos que se realizan desde las diferentes instituciones públicas de Euskal Herria». LAB y la fundación ligada a la central sindical aseguraron que «pondremos a disposición, tanto de las organizaciones sociales como de la ciudadanía, cauces de información y denuncia que permitan sacar a la luz todas las prácticas fraudulentas de las administraciones». También se comprometieron «a personarnos como acusación popular en los procedimientos judiciales que se inicien, además de abrir los cauces necesarios para la exigencia de las responsabilidades políticas correspondientes». En este caso, el fraude en la Hacienda de Irun se analizó durante estas conferencias.

«Las administraciones públicas no pueden ser juez y parte en los distintos procedimientos contencioso-administrativos y exigimos un cambio sustancial que incorpore la participación y la iniciativa social en la evaluación y control de las actuaciones», señala la propuesta aprobada.

Participación de agentes sociales

También hubo un compromiso con el objetivo de «exigir a las administraciones públicas el acceso a la información necesaria para hacer efectiva y real la participación de agentes sociales y de los trabajadores para el control del buen fin de los recursos públicos». Todo ello dentro de la necesidad de desarrollar unos servicios públicos de calidad «a través del incremento sustancial de los recursos, su gestión pública y social, y la erradicación de las prácticas sistemáticas de privatización».

LAB trasladará estas iniciativas al resto de centrales y organizaciones sindicales para «definir, entre todos, las líneas de actuación y los instrumentos necesarios para hacer efectivo el trabajo, con la plena convicción de que hoy, más que nunca, el reto de la participación social, la democratización de las instituciones y el control social de los recursos y las políticas públicas, es más necesario que nunca».

A la vez, el debate sobre el futuro de la administración pública desarrolló un decálogo, a modo de conclusión. El mismo reconoce la necesidad de crear «un plan de desarrollo de los servicios públicos elaborado con la participación social y sindical, tanto en la CAV como en Nafarroa, y la exigencia de un marco normativo y de financiación propio para el desarrollo de servicios públicos de calidad». En materia sanitaria, educativa, protección social y servicios socio comunitarios, las conclusiones del encuentro determinan la necesidad de lograr «la equiparación con la media europea en gasto en relación al PIB», ya que en la actualidad está muy desequilibrado.

Marco vasco de relaciones

LAB afirma que «como alternativa al Estatuto de la Función Pública estatal» se plantea «la reivindicación de un marco vasco de negociación colectiva, tanto para acordar los criterios de organización y participación como para la negociación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de las administraciones públicas vascas» y concreta que estos acuerdos que se realizarán «en el ámbito vasco deben prevalecer sobre otros ámbitos estatales».

Todas estas actuaciones «deberán garantizar la trasparencia de gestión, la participación social en la evaluación y control de las políticas públicas y la eliminación del clientelismo». También se cree necesario que haya «un rechazo profundo a la mercantilización de los servicios, que se produzcan privatizaciones cero y un control exhaustivo de las concertaciones».

A la vez, estas jornadas dejaron claro que no puede haber una administración eficaz y de calidad, «sin empleo de calidad en las administraciones públicas». Para ello, propusieron «recuperar el poder adquisitivo de los salarios; acortar las diferencias salariales; disponer de un salario mínimo garantizado para todas las personas que trabajen para la Administración; y la defensa de la subrogación, la homologación salarial y las condiciones de trabajo».

En este ámbito del empleo, el decálogo reconoce que las ofertas públicas de empleo deben ser transparentes y en función de las necesidades reales de empleo», ya que en la actualidad las OPE ofrecen «plazas muy por debajo de las necesidades existentes».

Las conclusiones fijan también la necesidad de llevar adelante un programa de euskaldunización real del conjunto de las administraciones públicas, «que dedique los recursos necesarios y fije plazos concretos para conseguir una administración plenamente euskaldun».

Por último, la iniciativa final de la jornada «¿Es pública la administración pública?» insiste en que se desarrolle un «plan de igualdad y conciliación efectivo, que se garantice la conciliación de la vida laboral y familiar y que no haya ninguna discriminación salarial ni laboral». También fija planes concretos para favorecer «la promoción de las mujeres» y el «establecimiento de un protocolo para la prevención y erradicación del lenguaje sexista y el acoso».