El TSJPV ha resuelto que Osakidetza deberá correr con los gastos de la operaciones faciales a la que fue sometida una joven vizcaína en un hospital valenciano en 2006 y 2007, que asciende a 21.500 euros. La paciente fue derivada al Centro de Recuperación y Rehabilitación levantino desde el Hospital de Basurto, a donde a su vez había sido enviada desde el Hospital de Cruces.

La joven, que ahora tiene 20 años de edad y sufre una parálisis facial congénita en la parte izquierda de la cara, estaba siendo tratada por el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de Basurto desde que nació. Los especialistas de ese centro médico le recomendaron que no se sometiera a ninguna intervención quirúrgica para corregir su defecto hasta que no cumpliese los 18 años, ya que según le aseguraron sería entonces cuando los tendones y músculos afectados dejarían de crecer y desarrollarse.

Una vez cumplida esa edad, los doctores informaron a la familia de que en ese hospital no se realizaban operaciones del tipo que requería su dolencia, por lo que la derivaron al Hospital de Cruces, de donde fue trasladada de nuevo a su centro médico de origen al no tener medios para efectuar la intervención quirúrgica.

El periplo hospitalario de la paciente concluyó una vez los facultativos vizcaínos la enviaron a un centro sanitario levantino, donde fue operada el 1 de agosto de 2006. Sin embargo, el 12 de julio anterior Osakidetza había dictado una resolución por la que se negaba la autorización, que no fue notificada a la joven hasta después de ser intervenida. El 13 de febrero del año siguiente se le realizó la segunda fase de la operación.

Resolución «injustificada»

Así, la sentencia dice que la negativa de Osakidetza a pagar la intervención «no está suficientemente justificada» ya que «la resolución, extemporáneamente dictada, manifiesta no haber urgencia y ser buena la situación, lo que choca frontalmente con el criterio de los tres facultativos que recomendaron la operación quirúrgica.

Además, recuerda «el padecimiento» que sufre la joven desde que nació, «habiendo tenido que esperar a cumplir la edad de 18 años para someterse a una intervención». No obliga al Departamento de Sanidad a abonar los gastos de hotel.