Iñaki VIGOR

La colocación de este tipo de antenas, denominadas «picoantenas», es una práctica habitual por parte de todas las empresas de telefonía móvil. Las camuflan en todo tipo de lugares, como chimeneas de los tejados, áticos, cornisas, farolas, árboles, cajas de conexiones eléctricas, etcétera.

Estas «picoantenas» son consideradas ilegales por organizaciones ecologistas y vecinales preocupadas por sus consecuencias. «Desde el momento en que estas instalaciones se camuflan, es porque las compañías de telefonía móvil quieren saltar alguna legalidad, bien la municipal o bien la autonómica. Esta es una guerra sucia de las compañías que se saltan la ley y no dudan en camuflar antenas a espaldas de la gente», asegura Rafa Sánchez en nombre de Ecologistas en Acción de Nafarroa.

En estos momentos existe una moratoria para la colocación de antenas, lo que significa que no se podría colocar ninguna más hasta que no sea levantada. Para burlar esta moratoria, lo que están haciendo las empresas de telefonía es poner antenas camufladas, y lo están haciendo en todas las localidades y en los más variados lugares. De hecho, organizaciones ecologistas estiman que, desde que hace un par de años comenzó el despliegue de la telefonía denominada de «tercera generación», en todo el Estado español se ha pasado de tener 30.000 antenas a más de 50.000.

Discrepancias entre administraciones

«El problema fundamental -explica Rafa Sánchez- es que hay un gran desorden en este campo. En Navarra, la consejería de Industria legalizó numerosas antenas que previamente fueron colocadas en una situación de supuesta alegalidad. Por un lado, parece que Industria quiere legalizar la mayoría de las antenas, pero por otra parte hay ayuntamientos que han aprobado ordenanzas para evitar que se pongan, porque están todavía con la duda de si son peligrosas o no».

A su juicio, en esta cuestión debería primar el «principio de precaución», porque «numerosos estudios han puesto en entredicho que estas antenas de telefonía no perjudiquen a la salud».

En este sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción de Nafarroa opina que deberían estar instaladas en lugares donde afectaran «lo más mínimo» a la población. En concreto, esta organización ecologista pide que las antenas de telefonía se ubiquen fuera del casco urbano y que estén a más de 400 metros del núcleo de población, por entender que ésa sería una «distancia prudencial» y las afecciones a la salud «se minimizarían».

Desde hace varios meses esta organización ecologista viene denunciando ante el Ayuntamiento de Tutera la existencia de antenas consideradas ilegales, aunque aclara que el problema es generalizado. Una de estas antenas se encuentra en la calle Rúa, a escasos 20 metros de la Casa Consistorial, y otra a menos de 200 metros de varios centros educativos y de una guardería. «Lo peor es que estas instalaciones ocultas no han pasado la tramitación correspondiente y tampoco se puede controlar a qué potencia están emitiendo si no son descubiertas», aclara Rafa Sánchez.

Acuerdos económicos con los vecinos

En muchas ocasiones los vecinos afectados por estas antenas conocen su existencia y ubicación, e incluso algunos recurren a detectores sencillos para descubrir si hay alguna cerca de su vivienda o de su puesto de trabajo. Pero en los casos en que llegan a acuerdos económicos con las empresas de telefonía, no suele haber quejas.

En cualquier caso, se trata de una cuestión que implica también a la Administración. Por ello, desde Ecologistas en Acción y vecinos afectados apelan a que retiren todas las antenas que no hayan pasado los trámites legales pertinentes, por entender que ésa debería ser su función independientemente de que las empresas lleguen a acuerdos con vecinos o propietarios de inmuebles.

«La Administración debe controlar una actividad que se está haciendo de forma ilegal, como cualquier otra actividad que no cumpliera los requisitos legales», argumenta.

En alusión a los vecinos que aceptan la colocación de antenas en los inmuebles donde viven a cambio de una compensación económica, afirma que «es preferible la salud al dinero». Y si algún vecino descubre una antena o sospecha que puede estar camuflada, recomienda que lo denuncie directamente en el ayuntamiento donde vive.

«Si no hay un grupo ecologista o un colectivo vecinal que pueda hacer la tramitación, el propio vecino se puede personar en el ayuntamiento -informa Sánchez- y denunciar la colocación de una antena camuflada que sospecha que puede ser ilegal».