La Viceconsejería de Política Lingüística de Lakua ha ampliado las exigencias para poder recibir las ayudas que concede para el impulso del euskara, tal y como recoge el decreto publicado el 26 de diciembre en el BOPV. De este modo, a partir del curso 2009-2010 todas las entidades que presenten programas que contemplen el uso del euskara deberán cumplir con el requisito de «respetar los derechos humanos y los valores de la convivencia entre las personas, y en consecuencia, no podrán tener expuestos al público símbolos o elementos que puedan resultar ofensivos para los ciudadanos, vulneren la dignidad de los usuarios o sugieran justificación de la violencia».

Este requisito se venía aplicando sobre los euskaltegis, pero a partir del curso que viene también afectará a asociaciones, medios de comunicación, páginas web, ayuntamientos, empresas y demás entidades que presenten proyectos para recibir las ayudas al euskara. Las subvenciones destinadas a los euskaltegis suman un total de 31,6 millones de euros, mientras que para las entidades mencionadas se destina un total de 13,1 millones: las asociaciones recibirán 1,3 millones; los medios de comunicación privados en euskara, 5,7 millones; los proyectos de tecnología informática, 1,6 millones; los ayuntamientos y los organismos municipales, 1,7 millones y las empresas privadas que promocionen el euskara, 2,7 millones.

Baztarrika, aseguró estar convencido de que «no se va a quedar fuera de las subvenciones ningún proyecto que hasta ahora reciba financiación». A modo de explicación de esta decisión, Baztarrika añadió que «nosotros diseñamos nuestros programas de ayudas y hemos incluido este requisito porque entendemos que era de interés hacerlo».

Subvenciones y convenios

Además de las partidas destinadas al impulso del euskara y los requisitos para poder acceder a ellas, Baztarrika expuso que la consejería que representa contempla aplicar otra serie medidas: firmará convenios por un valor de 4,1 millones de euros con entidades como Euskaltzaindia, ONCE y Eudel; con universidades por 355.000 millones y destinará otros 600.000 euros a impulsar a los grandes comercios para que se adapten al nuevo decreto de derechos lingüísticos de los consumidores.