El consejo de administración de Zabalgarbi, la sociedad que gestiona la incineradora de Bizkaia, ha decidido destituir al presidente de la entidad, Juan Ignacio Unda, y a su director financiero, a consecuencia del conocido como «caso Madoff» que, en lo que a esta empresa se refiere, se ha saldado con la pérdida de al menos 3,7 millones de euros, invertidos en un fondo del citado financiero.

El puesto de ambos directivos pendía de un hilo desde que hace una semana se destapase las millonarias pérdidas en esta entidad, que si bien tiene una mayoría de capital privado, cuenta con una gran presencia de capital público -la Diputación posee el 20%, el Gobierno de Lakua, por medio del Ente Vasco de la Energía, un 10%, y la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda, un 5%-.

Según informaron ayer desde Zabalgarbi, será una comisión, junto con dos consejeros de la sociedad, quien se encargue «provisionalmente» de la gestión diaria.

La incineradora, que en 2006 decidió colocar en fondos de inversión más de diez millones de euros, culpó desde el inicio al Banco de Santander de la pérdida del dinero invertido, argumentando que este banco aconsejó la operación. Sin embargo, el consejo de administración ha optado finalmente por destituir a sus dos altos cargos.

Cercano al PNV

Juan Ignacio Unda, el hasta ahora presidente de Zabalgarbi, es una persona cercana al PNV, partido en cuya representación formó parte de la Comisión Nacional de la Energía, y según las informaciones difundidas estos últimos días, había ocultado al consejo de administración la inversión en un fondo de alto-riesgo de una parte signifcativa de las reservas de dinero de la sociedad.

Nada más trascender la noticia de la pérdida de 3,7 millones de Zabalgarbi, partidos e instituciones salieron al paso, en unos casos para expresar su «indignación», como hizo el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y en otros para pedir explicaciones a los responsables de la empresa y de la institución foral, como hicieron los grupos de la oposición.

La apoderada de la izquierda abertzale Begoñe Agirre, en este sentido, presentó en la Mesa de Juntas Generales una proposición en la que censuraba que la Diputación, a pesar de tener dos consejeros en el consejo, no hubieran tenido conocimiento de las inversiones en un fondo de riesgo, y proponía que la máxima institución vizcaina deje de ser accionista de Zabalgarbi.