La Comisión Legislativa de Ecuador acogió ayer un veto parcial que hiciera el Gobierno y aprobó, de forma definitiva, la polémica Ley de Minería rechazada por grupos indígenas y ecologistas.

Con 50 votos, de los 64 asambleístas presentes, la Comisión Legislativa, que cumple funciones del Parlamento en la etapa de transición constitucional que vive Ecuador, ratificó la Ley de Minería, que fue aprobada el 12 de enero en ese foro, pero sometida al análisis del Ejecutivo.

El presidente, Rafael Correa, devolvió el documento al Legislativo con un «veto parcial» o enmiendas que ayer fueron aprobadas mayoría.

No obstante, el legislador Carlos Pilamunga, del movimiento Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad de la Ley, por considerar que ésta beneficia a las transnacionales mineras y pone en riesgo al medio ambiente.

Por su parte, Irina Cabezas, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo, que pertenece al movimiento oficialista Acuerdo País, indicó que la ley defiende la soberanía nacional y promueve responsabilidad social en el manejo de la actividad.

Según Cabezas, la ley minera garantiza que los recursos sean explotados, de forma preferente, por una empresa minera nacional que se creará en el futuro, lo que permitirá al Estado contar con mayores recursos para educación, salud y vivienda.

Uno de los artículos de la ley, que el Ejecutivo sugirió enmendar, sostiene que esa empresa «podrá asociarse, constituir compañías de economía mixta» con compañías foráneas o nacionales, «con la finalidad de cumplir con su objeto social y alcanzar los objetivos nacionales».

Ademas, establece que las áreas y proyectos mineros, en los cuales entidades públicas hayan realizado investigación geo- lógica, exploración o estudios de rendimiento, serán restituidos al Estado.