Como Alicia en «A través del espejo» nos vemos enredados en una partida de ajedrez maldita en el tablero de la anti-democracia a la española. En este relato, segunda parte del conocido «En el País de las Maravillas» -que nos sugiere justo lo contrario a esta realidad- Alicia se encuentra enmarañada en un ajedrez de piezas absurdas con diálogo incoherente. Idéntico al proceso abierto para prohibir la participación de un importante sector social en las próximas elecciones autonómicas. Aquí también se ha escenificado un enfrentamiento con piezas blancas y negras, discurso en el que disparatan los políticos, despotrican los escribanos y yerran los jueces. Porque el debate es falso. ¿Listas blancas o negras? Yo sólo veo ciudadanos y ciudadanas que en ejercicio de sus derechos quieren estar presentes y hacer política. El elemento diferenciador objetivo está únicamente en el grado de experiencia en la cosa pública del elegible: si ha participado ya anteriormente en el proceso electoral -da igual en calidad de qué, candidato, apoderado, revisor...- o si por el contrario aún es «virgen» en estas lides. Argumento de gran peso jurídico. Se pone en marcha todo un nuevo lenguaje obsceno con términos como «contaminados», «infiltrados», «parasitados», «blancas y negras»... para poner coto a quienes no tienen derecho a participar en «su» democracia, la privativa, el Edén de ellos, los puros.

En el anterior proceso electoral medios de comunicación aireaban la existencia de informes policiales que comprendían a 17.000 ciudadanos vascos impedidos para ejercer el derecho al sufragio pasivo. Ahora habría que añadir todos aquellos candidatos de ANV y EHAK, después ilegalizados, ampliando aún más el cerco. Apoyado en estos listados toma sus decisiones la Sala especial del Artículo 61 del Tribunal Supremo, que veremos próximamente en acción. No sólo se cercenan derechos básicos de esas personas expulsándoles arbitrariamente del sistema electoral, sino que su presencia «ensucia» o «contamina» al resto, a aquellos todavía vírgenes. Algunos abogados intentamos conocer el contenido de esos ficheros, cuáles eran los datos que en ellos constaban, en que hechos se sostenían sus asientos y categorías, quién lo gestionaba... indagar, al menos en nombre propio, si éramos «apestados» y con ello, si participábamos en una lista, elementos contaminantes. Lo llaman seguridad jurídica. La respuesta de las Agencias de Protección de Datos, negando la mayor, por elevación, fue que no constaba la existencia de esos ficheros. Ou yeah!! Existen pues millares de ciudadanos «infectados» y además les es imposible obtener el distintivo que los acredite como tales, para impugnar su incapacitación, para reclamar sus derechos con más eficacia, para poder mostrar el certificado de «ciudadano de segunda». En la Alemania nazi a los homosexuales, comunistas y judíos les ponían, al menos, una etiqueta en el abrigo. En Sudáfrica los negros eran negros.

El término apartheid contra un sector de ciudadanía en continua expansión adquiere todo su significado. Se trasluce una forma de pensar y actuar por parte del estado absolutamente discriminatoria, incluso xenófoba. Rajoy pretendía recientemente que los inmigrantes que querían residir en el estado deberían firmar un contrato de integración que obligaría a conocer las leyes, la lengua y a respetar las «costumbres españolas», inspirado en una ley planteada por Sarkozy cuando era ministro de Interior francés. No es tan diferente al planteamiento de que quienes quieran participar en «su» democracia tengan que hacer un acto de sumisión, rendir pleitesía, aceptar ciertas «costumbres» arraigadas en la política española -y cada vez más en la francesa-. Integrados por contrato. Se puede concluir sin riesgo de exagerar que en los últimos años se ha dado carta de naturaleza a una segregación por motivo de posicionamiento político, de ideología, de valores.

El principio de mayor valor en materia de derechos fundamentales se concreta en el «principium libertatis» según el cual, en caso de incertidumbre u oscuridad sobre el estatuto jurídico de los derechos hay que dar siempre preferencia a la interpretación que ofrezca las mayores garantías para sus titulares. El Estado se juega su legitimidad al decidir su actitud frente al disfrute de las libertades públicas en un proceso electoral. Pero ha preferido meter el cazo: el ejecutivo, activando la Ley de Partidos y el judicial, con la irrupción de Garzón en una acción antijurídica, arbitraria. Ni que decir que es un atropello siquiera sugerir alguna actitud delictiva en las personas que participan en estas listas en términos de integración, colaboración, apología o enaltecimiento. Construcciones etéreas, con pies de barro, que se reclaman jurídicas. De la lectura del auto de Garzón tras detener a ocho personas que querían participar en elecciones no se puede desprender ni tan siquiera una ficción de actitud delictiva. «Están al servicio de», «cumplen directrices», «siguen mandatos»... hechos inexistentes para sostener el estigma. Ejecutivo y judicial, en comandita. ¡Pero ojo! Hace tiempo que no nos jugamos unas elecciones o una detención arbitraria. Nos jugamos aquel principio básico, sostén de una democracia verdadera.

Esta misma semana, mientras que sabemos de espionajes descarados a candidatos de partidos y candidaturas, se ha celebrado el Día Europeo de la Protección de Datos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU -al que últimamente recurro por su contundencia- dirigía sus criticas al Estado español por «la insuficiente protección de los datos de carácter personal, considerando los excesos que puedan afectar a la lucha contra el terrorismo. El Estado parte debe proteger los datos personales y garantizar plenamente el derecho a la vida privada». Touché! El Estado español ha acusado el golpe. Respondió al Alto Comité de forma airada, despreciando sus recomendaciones en términos incompatibles con la actitud de respeto y cooperación que debe presidir la relación con los organismos internacionales. Se percibe en dicha respuesta la reacción de quien no está acostumbrado a encajar críticas, ese rictus autoritario que aquí conocemos tan bien. Están desbocados. Tal vez el malestar que muestra el Gobierno en su carta, porque «el Comité, como debería ser de rigor, no reitere que España cumple las obligaciones que le impone el Pacto y que avanza en la promoción y respeto de los derechos humanos» tenga su origen en que realmente no haya tal avance, por mucho que se empeñen. En que se ha producido una grave involución en este terreno, situación que ha sido detectada por aquel órgano de supervisión.

Y es este el escenario donde nos encontramos los ciudadanos y ciudadanas vascas, como Alicia, entre piezas blancas y negras, determinados a llegar a la octava casilla de este ajedrez maldito. Ella para convertirse en reina. Nosotros para que se produzca la regeneración democrática definitiva que permita a todos los proyectos políticos ser defendidos y hacerse efectivos.