Juanjo BASTERRA

Las diferentes asociaciones europeas que trabajan para la prohibición del uso del amianto y para que se apliquen las mismas condiciones a los afectados dentro de la UE han iniciado una campaña de recogida de firmas y de demanda de «una red sin fronteras por un derecho europeo», según explicó a este diario Angel Cárcoba, experto en este tema y miembro de CCOO.

Cada año 100.000 personas fallecen por exposición al amianto. En Europa afecta a miles de trabajadores, pero las asociaciones recuerdan que, aunque el sufrimiento de los afectados es el mismo, «no todos corren la misma suerte. La legislación varía de un país a otro en materia de despistaje y de reconocimiento de la enfermedad, así como en materia de indemnización y reparación».

Las asociaciones europeas consideran que «ante este drama universal, presente y futuro, necesita la puesta en marcha de una red sin fronteras». Opinan que Europa «debe armonizar» los criterios en materia de derecho civil y penal sin fronteras y para todas las víctimas del amianto. Seis son las actuaciones que reclaman para confluir en esa red. Primero, a juicio de las asociaciones, se encuentra «la puesta en marcha del seguimiento sistemático de toda persona susceptible de haber estado expuesto al amianto». Se trata de crear un documento con los datos esenciales de la historia laboral de los asalariados y es necesario «el establecimiento de mapas de riesgos de contaminación medioambiental».

Excesiva judicialización

Otro elemento que consideran esencial es la necesidad de «armonizar los procedimientos sobre el reconocimiento de las enfermedades del amianto y de su carácter profesional, que deben ser simples y transparentes, sobre la base de la exposición profesional o medioambiental».

Con este paso, las asociaciones creen que se evitaría «la excesiva judicialización a que está sometido el reconocimiento de las enfermedades profesionales». Pero además esta red sin fronteras considera necesaria la prevención. Para ello demanda la generalización de un inventario de edificios y estructuras que contengan amianto, el tratamiento de los desechos susceptibles de contener amianto y «la armonización de un sistema europeo de empresas especializadas en operaciones de mantenimiento y desamiantado».

Estas actuaciones no serán posibles si no existe una prohibición inmediata de las importaciones del mineral cancerígeno y de artículos que lo contengan dentro de la Unión Europea. Esta red apoyará la demanda para prohibir la producción mundial de amianto, ya que todavía países muy importantes como Canadá, la Federación Rusa, Brasil, Estados Unidos y otros mantienen ese mineral dentro de sus procesos productivos, aún sabiendo su efecto cancerígeno.

Las asociaciones que están impulsando la creación de esta red sin fronteras afirman que otro aspecto necesario que se debe tener en cuenta se encuentra en el establecimiento del principio de reparación integral de los daños originados por el amianto. «Se debe establecer un sistema de indemnización armonizada, vía fondos de compensación o aseguramientos garantizados a nivel estatal»., También consideran que es necesaria la armonización de un sistema de jubilación anticipada para los trabajadores que han estado expuestos.

No quedan ahí las demandas de la futura red europea, ya que reclaman un sistema único de responsabilidad penal «que permita encausar a los responsables de la epidemia de cáncer por amianto». También piden que se establezca una escala «de penas y sanciones para los infractores» y «hacer efectiva la responsabilidad penal por daños morales».

Por último, los impulsores de esta red europea explican que es necesario armonizar la metodología y los protocolos «sobre el seguimiento médico a los trabajadores que hayan estado expuestos al amianto«, pero también requiere un «control sistemático» de los asalariados que hayan trabajado en empresas y profesiones expuestas al amianto». Esta iniciativa trata de hacer confluir en una sola red los diferentes avances que se dan por países.