Las presiones de Petronor para construir la Unidad de Reducción de Fueloil (URF) no cesan. A los contactos con las direcciones de PNV, PSE, PP y EA, les siguieron las manifestaciones del presidente de la filial de Repsol, Josu Jon Imaz, amenazando con desmantelar la refinería si no se permitía la apertura del nuevo complejo petroquímico.

Durante meses, los contactos públicos y privados con las diferentes administraciones y fuerzas políticas implicadas se han sucedido, aderezadas por declaraciones de tono apocalíptico de Imaz y de cargos institucionales de su partido, como el diputado general de Bizkaia.

En los días en que una delegación de EA de Muskiz, encabezada por el alcalde Gonzalo Riancho se reunía con Petronor, el bufete Uria y Menéndez remitió al Ayuntamiento una misiva de tono amenazante solicitando «con carácter inmediato» las licencias de actividad y obras para la planta de coque. Es la tercera ocasión en que las reclaman.

A pesar de que la compañía que preside el ex presidente del PNV llega a amenazar con acudir a la Justicia para exigir una indemnización de 300.000 euros diarios por el retraso, el Consistorio mantiene su posición.

Marcos Cuco, delegado de Medio Ambiente, niega que su petición de informes externos sea una «maniobra dilatoria», tal y como le acusa Petronor. El edil de EA esgrime un informe de la secretaria municipal, «que vela por la legalidad de los actos del Ayuntamiento», que concluye que la resolución de Costas es «preceptiva y debe llegar acompañada de una autorización expresa de nueva concesión sobre el dominio marítimo terrestre para emplazar la URF» o para ampliar el complejo petroquímico. La actual concesión de la petrolera finaliza en 2012.

«No se está retrasando deliberadamente la concesión de las licencias y, además, no hay responsabilidad patrimonial», apostilla Cuco, en referencia a la advertencia que les ha hecho Petronor y que se ha encargado de filtrar a dos diarios vizcainos.

«Están en su derecho de seguir insistiendo. Es legítimo aunque tienen que asumir que hay unos límites legales que hay que cumplir, les guste o no», subrayó el segundo teniente alcalde muskiztarra.

La Coordinadora Anti-Coke pidió ayer a la petrolera que «deje de amenazar y presionar al pueblo de Muskiz y se dedique a corregir sus deficientes instalaciones, motivos por los que las autorizaciones ambientales integradas son provisionales y no efectivas», declararon.