RAMÓN SOLA

Hasta ahora se decía que el «corpus jurídico» de la ilegalización venía a situar a las órdenes de ETA a unos 200.000 miembros de la izquierda abertzale. Pero las impugnaciones de Abogacía del Estado y Fiscalía contra Askatasuna rompen todos los récords. Haber visitado a un preso en 1987 o haber firmado en apoyo a los derechos políticos, por ejemplo, ya «mancha» para ser candidato. Xabier Arzalluz o José Elorrieta, por ejemplo, no podrían serlo.

El Tribunal Supremo español ya delibera sobre las impugnaciones de D3M y Askatasuna presentadas por Fiscalía y Abogacía del Estado. Los jueces tienen sobre su mesa «pruebas» como la siguiente: El cabeza de lista de Askatasuna por Araba visitó a un preso en Herrera en 1987 (hace 22 años) y a otro en Langraiz en 1988, asistió a una concentración ante esta cárcel en ese año, acudió a un juicio en la Audiencia Nacional en 1986 (hace 23 años) y a otro en 1990, y firmó un manifiesto electoral en 1991. Seguramente ni él se acuerde ya de aquello, pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado no tienen dudas: esto le «mancha» y sirve para poner fuera de juego a un partido como Askatasuna, legal durante una década.

Las FSE se jactan de haber hallado elementos como éstos en lo que denominan «lista blanca» y «difícil de indagar». Parecen ignorar que sencillamente en esos criterios encaja gran parte de la sociedad vasca: desde políticos y sindicalistas muy conocidos hasta futbolistas de Primera División, pintores, pescateras o bomberos. Son gentes que han visitado a algún preso en las últimas tres décadas, que han acudido a alguna concentración, que han firmado manifiestos «por los derechos civiles y políticos», en contra de la entrada policial en ``Egin'' ¡en 1993! o en apoyo a seis presos vascos en México... Si el lector ha hecho algo de todo esto, sólo algo, sepa que ya sería candidato «sucio».

Hay afirmaciones de las impugnaciones que sólo pueden leerse haciendo acopio previo de sentido del humor. Después de enumerar uno a uno todos los «antecedentes» de los candidatos de Askatasuna de 2009 (y también de los 2001), la Abogacía del Estado afirma que el diseño de las listas constata «los reflejos paranoides de ETA, que son comunes en organizaciones terroristas y en quienes las dirigen, desde dentro y fuera».

Efectivamente, habría que ser paranoico para pensar que uno va a estar «fichado» por haber escrito a un preso o participado en una movilización o incluso en una marcha montañera, y que sus datos van a ser guardados celosamente por las FSE durante casi un cuarto de siglo.

Queda claro que el «todo es ETA» de Garzón no acaba ya en los cerca de 200.000 simpatizantes de la izquierda abertzale. No es exagerado afirmar que más de la mitad de la ciudadanía vasca encajaría ya en el bloque de los vascos «apestados» para el aparato judicial español.

La información contenida en las impugnaciones demuestran que todos ellos son espiados de forma continua y con total impunidad. La Abogacía del Estado presenta luego sus conclusiones de esta forma (aquí habrá que recomendar un esfuerzo especial para contener las carcajadas): «Hay que señalar que los datos de los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen una enorme fuerza probatoria, bien como prueba pericial o bien como documental pública de valor muy cualificado, habida cuenta de la imparcialidad predicable de los funcionarios públicos que los suscriben».

El catálogo de contrasentidos incluidos en las impugnaciones también daría para un buen monólogo cómico, si el tema no fuera tan serio. Por ejemplo, en el mismo escrito se reprocha a Askatasuna que no haya mantenido actividad alguna desde su fundación y, al mismo tiempo, se le imputa no haber condenado las acciones de ETA. Pero no sólo es sospechosa por no actuar y no condenar: también por no haber salido al paso de las elucubraciones de prensa que ligaban al partido con Batasuna, cosa que sí hicieron Zutik o el Partido Carlista. Por presentarse a las elecciones en 2001 y por no hacerlo en 2005. Por llamarse como la Askatasuna que trabajó en el ámbito de la amnistía, pese a que ésta nació después. O por haberse hallado un supuesto flujo económico con Batasuna que, curiosamente, también se le imputa a D3M.

Es culpable por ser activa e inactiva, limpia y sucia, blanca y negra. Y, por si todo ello no bastara, porque el juez Baltasar Garzón así lo dijo en un auto firmado hace sólo unos días, el 26 de enero, en fase de instrucción.

Al Supremo todo esto ya le ha debido parecer escandaloso, porque ayer tarde ordenó que no se entregue el censo a D3M, y se da por seguro que entre hoy y mañana vetará ambas listas. Lo hará argumentado cosas como que «es ocioso decir que con la descripción de conductas y actuaciones que se recogen no se pretende criminalizar ideologías». Lo dice la Abogacía.