La italiana Eluana Englaro, que lleva 17 años en coma vegetativo, comenzó a morir ayer, después de que el equipo médico que le atiende comenzara, según el protocolo establecido, a reducirle gradualmente su alimentación e hidratación. El mismo día en que el Gobierno que lidera el derechista Silvio Berlusconi sacó adelante un decreto ley que declara ilegal la suspensión de la alimentación o la hidratación artificial a un enfermo en estado vegetativo hasta la aprobación de una ley sobre el testamento biológico, y que el presidente italiano, Giorgio Napolitano, de centroizquierda se negó a firmar. La actitud del Ejecutivo en torno al «caso Englaro» ha provocado, así, un conflicto institucional.

Italia vivió ayer pendiente del desacuerdo entre las dos máximas autoridades del país, que chocaron frontalmente en relación al caso de Eluana Englaro, cuya alimentación artificial comenzó a ser reducida ayer en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que autorizó la desconexión tras una larga batalla legal de su padre.

Por la mañana, el presidente Napolitano envió una carta a Berlusconi en la que expresaba su oposición al decreto ley que el Consejo de Ministros pretendía aprobar, tal y como lo hizo, por unanimidad, tras un largo debate. Sin embargo, el primer ministro siguió adelante con su iniciativa -que sin la firma del jefe del Estado no puede ser efectivo- y aprobó una norma por procedimiento de urgencia para evitar, según él, una «omisión de socorro» a una persona cuya vida «corre peligro».

Cambio en la Constitución

Napolitano anunció poco después que no firmaría el decreto, porque considera que puede ser anticonstitucional. Berlusconi no tardó en contraatacar al señalar que «si no existiera la posibilidad de recurrir a los decretos, me dirigiré al pueblo para pedirle el cambio de la Constitución y del Gobierno». Añadió que «o firma el presidente o cambiaremos los decretos de urgencia previstos en la Constitución. Convocaré al Parlamento para aprobar en un plazo de tres días una ley que contenga la norma sobre la alimentación e hidratación prevista en el decreto», afirmó.

Mientras el país asistía a la catarata de informaciones y desencuentros, los médicos que atienden a Englaro iniciaron la reducción en un 50% de la alimentación e hidratación artificial que suministran, mediante una sonda, a la joven.

El equipo médico ha previsto un estricto protocolo que comenzó tres días después de que Englaro ingresara en el centro de cuidados «La Quiete» de la ciudad de Udine.

Tras el anuncio de Napolitano de que no firmará la prohibición de Berlusconi, el abogado de la familia Englaro, Vittorio Angiolini, aseguró que seguirán adelante con el proceso de desconexión de Eluana que, según los expertos, podría tardar unos quince días en morir.

El padre de la mujer, Giuseppe Englaro, dijo encontrarse «conmocionado» por lo que estaba sucediendo, que todo era «un tormento sin fin» y prefería continuar en silencio, una postura que ha querido mantener a lo largo de los últimos meses.

Envío de inspectores

Por su parte, el ministro italiano de Salud, Maurizio Sacconi, presente junto a Berlusconi en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anunció el envío de inspectores al centro médico de Udine «para responder a algunas preguntas que aún no han tenido respuestas» por parte de la clínica.

Sacconi ya pidió a la región de Friuli Venezia Giulia, a la que pertenece Udine, que estudiase la «idoneidad» del centro para acoger la muerte de Englaro, después de haber emitido una circular en diciembre pasado por la que prohibía a los centros públicos y privados del país llevar a cabo este proceso.

Y es que el jefe del Gobierno italiano señaló ayer que su decreto ley fue aprobado por unanimidad ante la posibilidad de que el estado de coma vegetativo de Eluana, en el que se encuentra desde 1992, pueda cambiar. La mujer, de 38 años, es una persona que «podría incluso hipotéticamente tener un hijo y que se encuentra en un estado vegetativo reversible, como hemos visto más de una vez». aseguró Berlusconi.

La oposición acusó al primer ministro de provocar un conflicto institucional. Walter Veltroni (Partido Demócrata) señaló que existe una «intención política» en la actuación de Berlusconi, al que tachó de «irresponsable». El ex juez Antonio Di Pietro (Italia de los Valores) incidió en que supone «un peligro gravísimo para la democracia» dada la posibilidad de establecer un precedente para que las sentencias judiciales puedan ser anuladas por decreto.