Ante las elecciones del 1 de marzo
D3M presenta al Supremo el informe de la ONU mientras el PSOE intenta quitarle valor
El «plan A» del Estado español contra D3M y Askatasuna vuelve a ser el de su Tribunal Supremo. Garzón pospuso al martes su decisión. Antes, hoy mismo, debe decidir el TS, al que la defensa ha trasladado ya el informe de la ONU.
Ramón SOLA | IRUÑEA
El Estado español sigue con su campaña de ilegalizaciones pese al aviso directísimo lanzado por el Relator de la ONU el jueves. En la jornada de ayer sí se produjo un pequeño ajuste en el guión: contra lo que estaba previsto y al revés de lo ocurrido en febrero de 2008 con EHAK y ANV a un mes de las elecciones estatales, en esta ocasión quien llevará la batuta será el Tribunal Supremo -vía Ley de Partidos- y no el juzgado de instrucción de Baltasar Garzón -vía penal-.
En aquella ocasión, y como había ocurrido ya en momentos como la ofensiva contra Batasuna en agosto de 2002, Garzón se anticipó al Supremo y suspendió las actividades de ANV y EHAK para impedir que llegaran hasta las urnas; lo hizo con un proceso penal en fase de instrucción y, por tanto, con un procedimiento muy precario en términos de garantías jurídicas. Ayer, por contra, el juez especial determinó posponer la probable suspensión de actividades de D3M y Askatasuna hasta el martes, de modo que el Tribunal Supremo decidirá antes. De hecho, debe hacerlo antes de la próxima medianoche.
En cualquier caso, Garzón dejó ayer todo preparado para dejar caer la espada de Damocles sobre las dos candidaturas abertzales. Como estaba previsto, las comparecencias como imputados de trece responsables o candidatos tuvieron un carácter meramente instrumental. Garzón les hizo pasar por su despacho para comunicarles que están imputados por «integración en banda armada», lo que constituye un requisito previo para ejecutar la suspensión. Luego, les dejó regresar a Euskal Herria.
No obstante, el martes ha citado a sus abogados, a las 11.00, para celebrar una vistilla sobre la suspensión o no de actividades, a solicitud de la Fiscalía. Su máximo responsable, Cándido Conde-Pumpido, ya avanzó entre semana que reclamarán que se les impida toda actividad, al efecto de que no puedan estar en las urnas el 1 de marzo. Sin embargo, para entonces todo ello será un trámite intrascendente si el Supremo acepta hoy las impugnaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Sin medidas cautelares
Pese a la contundencia de las acusaciones hechas por Garzón contra los responsables de las dos listas, su paso por Madrid fue rápido. Los ocho miembros de D3M se negaron a declarar y los cinco de Askatasuna sólo respondieron a su letrada para dejar claro que no tienen relación alguna con ETA. Tras ello, la Fiscalía pidió medidas cautelares leves sólo contra tres de los trece imputados.
Se trata del presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate; del secretario del partido, Xabier Isasa; y del representante de D3M ante la Junta Electoral de Araba, Fernando Antia. En el auto emitido al efecto, Garzón imputa a los dos primeros por «activar» el partido Askatasuna por orden de ETA, obviando que ya se presentó a los comicios como de 2001. A Antia le acusa de «colaboración» y el «delito» sería haber prestado «su ayuda directa para la consecución de los fines de D3M: la presentación de la candidatura de dicha agrupación a las elecciones al Parlamento Vasco».
Los tres deberán comparecer ante el juzgado una vez por semana y no podrán salir delEstado español por el momento.
Como resulta obvio, el efecto práctico de esta toma de declaración masiva no era otro que dejar el camino allanado para la suspensión de actividades. De hecho, poco después se filtraba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado a Garzón la petición correspondiente. Se trata de un escrito de 109 folios firmado por el máximo responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. En él se abunda en lo mismo que el juez escribió tras la redada «preventiva» contra D3M o lo que la Fiscalía ha apuntado en las impugnaciones ante el Supremo: «Se desprende la existencia de indicios que claramente evidencian la instrumentalización de Askatasuna y D3M por la organización ilegal ANV-Batasuna y su incardinación en el complejo terrorista ideado y liderado por ETA con la finalidad de cubrir el `frente institucional' del MLNV».
La Fiscalía admite en su escrito que las conclusiones obtenidas hasta ahora «tienen carácter presuntivo», lo que no es óbice para que reclame la suspensión de actividades inmediata.
Junto a la suspensión de actividades, el fiscal reclama que se decrete el embargo por cinco años de las sedes de estas formaciones, y también de los locales que utilizan en Bilbo y Gasteiz las plataformas Herria Au- rrera y Gasteiz Izan. Igualmente, se pide el embargo y bloqueo de cuentas, depósitos y demás activos financieros de D3M y de Askatasuna.
El informe, en el TS
Todas las miradas se desplazan ahora, por tanto, a la sede del Tribunal Supremo. Si se cumplen los plazos, para la medianoche de hoy debe tomar una decisión sobre las impugnaciones de D3M y Askatasuna. La primera pudo presentar alegaciones hasta las 16.00 de ayer, y entre ellas ha sido incluido el informe del Relator de la ONU, por lo que el tribunal no podrá alegar su desconocimiento. Askatasuna, por su parte, podía alegar hasta las 2.00 de la pasada madrugada.
Como primera medida, la Sala del 61 -encargada de los procesos de ilegalización- ha decretado que se deniegue la entrega del censo electoral a ambas formaciones, como ya hizo en anteriores convocatorias electorales ante impugnaciones simila- res. Todo ello pese a que tanto D3M como Askatasuna tienen proclamadas sus candidaturas.
La Sala del 61 admitió también a trámite la abstención de dos jueces para tratar de evitarse problemas posteriores: Ramón Trillo, encargado del control de las actividades del CNI, y Mariano de Oro-Pulido, que ejerció el cargo anteriormente.
A tenor del orden de presentación de alegaciones, el Supremo podría decidir primero sobre D3M y luego sobre Askatasuna, asunto que las propias acusaciones admiten como más complejo debido a la composición de las listas. Para intentar criminalizar a sus candidatos, Fiscalía y Abogacía del Estado han tenido que recurrir a bucear en antecedentes de hace más de dos décadas y que no constituyen delito alguno, como haber participado en movilizaciones legales o haber visitado o escrito a presos.
Después de que el Supremo se pronuncie, la cuestión puede ser llevada hasta el Tribunal Constitucional, que tendría de plazo para resolver hasta la medianoche del jueves al viernes , cuando arrancará la campaña.
D3M: «Serán votos de oro»
Tanto el fondo como la forma de este proceso fueron censurados ayer por Julen Aginako, número dos de D3M por Bizkaia, en sendas entrevistas a Radio Euskadi e Info7 Irratia. En el aspecto formal, censuró que «se han dado muchos minutos y muchos días a ciertos medios de comunicación e incluso a portavoces del PSOE para acusarnos sin base y ponernos en la picota» mientras que, por contra, «hemos tenido muy pocas horas para presentar alegaciones para defender ese derecho de participación democrática en estas elecciones».
Aginako recordó que «tenemos nuestros derechos civiles y políticos para presentarnos vigentes, no estamos inhabilitados», y censuró que «lo que está contaminado en el Estado español es la democracia». Utilizando unas palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano, consideró que lo que se ha implantado en el Estado español es una «demodura», es decir, una auténtica dictadura camuflada bajo el aspecto de una democracia formal.
Mirando al futuro, reiteró que, en cualquier caso, el 1 de marzo en las urnas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se depositarán «miles de votos en favor de la soberanía, de la democracia y de la independencia».
«La apuesta de los independentistas de este país es que es necesario recoger miles de votos el 1 de marzo. Una marea de votos que sirvan no sólo para denunciar este apartheid político, sino también para que PNV y PSOE tomen nota de que el camino no es hacer un lifting al Estatuto y al marco autonómico, sino crear un suelo democrático para Euskal Herria», afirmó.
En alusión a estos dos partidos, resaltó que «se les está cayendo la máscara; por desgracia, están muy satisfechos de que la izquierda abertzale no pueda estar en las instituciones, porque su apuesta hace 30 años era acabar con ella y saben que es la única alternativa».
El PSOE insiste
Mientras los jueces deliberan, los dirigentes del PSOE se esfuerzan en criminalizar a ambos partidos, tanto desde Madrid como desde Euskal Herria.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en una entrevista a RNE en que D3M y Askatasuna son dos caras de la misma moneda: «D3M es la puerta falsa, la que ponen a correr para que nos fijemos en ella sabiendo que no va a correr más que cinco metros. Y Askatasuna es una cosa un poquitín más matizada».
Patxi López, secretario general del PSE, añadió en ETB que «todo el mundo sabe» que ambas listas no deben permitirse. «No nos engañemos -pidió-, todo el mundo sabe que Askatasuna es la marca que está utilizando ese mundo del abertzalismo radical para ocultarse a sí mismo, para intentar trampear la Justicia en este país y para volver a colar una formación que va a volver a ser tapadera de una banda terrorista». López recalcó que «nos parece bien que un Estado de Derecho impida que en unas elecciones haya una formación para beneficio de ETA».
El fiscal propone a Garzón que, además de suspender actividades, embargue los locales de D3M, de Askatasuna y de las plataformas Herria Aurrera (Bilbo) y Gasteiz Izan (Gasteiz) registradas en la redada del 23 de enero.
El movimiento pro-amnistía informó ayer de que se desconocía el paradero del militante político de Agurain Iñaki Olalde, que fue detenido por la Policía española el pasado 23 de enero en el marco del operativo dirigido por el juez Baltasar Garzón contra las candidaturas electorales de D3M y Askatasuna. Si bien tras comparecer en la Audiencia Nacional, junto a los otros siete militantes vascos arrestados en la misma operación, fue encarcelado en la prisión de Soto del Real -desde donde pudo comunicarse con sus allegados-, desde el pasado domingo, 1 de febrero, se desconoce su paradero. Ese día fueron trasladados los ocho militantes vascos, y los funcionarios españoles afirmaron que Olalde sería conducido a la cárcel de Teruel. Pero seis días después nadie sabía dónde se halla.
Berebiziko garrantzia zukeen albiste gisa azaldu zuen atzo EITBk eguerdiko bere bi albistegietan -eta segidan beste hainbat informazio agentziek ere bai-, Donostiako Antigua auzoan abstentziora dei egiten zuten hainbat kartel agertu izana. Gainera, inork sinatzen ez zuela, eta ez D3Mk ez Askatasunak horren gaineko ezer ez zutela aipatu nabarmenduz eman zuten informazioa. Kontua da Donostian atzo ezarri zituztela hauteskunde kanpainarako kartelak itsasteko ohiko panelak; eta horietan agertu ziren abstentzioaren aldeko kartelak. GARAk ziurta dezake, kartel horiek iazko bozaldi espainoletan ezker abertzaleak erabili zituenak direla. Ez, ordea, egungoak. Frogatzea erraza izan arren, zeharo aztoratu ziren hedabideak, informazio garrantzitsutzat joz.
Bestalde, orain bi aste Josu Erkoreka jeltzalea izan zen ezker abertzalearen eta PSOEren artean estalpeko interesak daudela azaldu zuena -hori, gainera, legez kanporatzeko prozesuotan kokatuz-; atzo, ordea, EAJko EBBko presidente Iñigo Urkullu izan zen ideia bera plazaratu zuena. Hori bai, jeltzaleak ilegalizazio prozesuen eta Alderdi Politikoen Lege espainolaren aurka daudela esan ostean.
«Forum Europa Nueva Economía»ren baitan Madrilen eman zuen mintzaldian esandakoaren arabera, EAJ Gasteizko Gobernutik kaleratzearren «pintza» bat eratu dela uste du agintari jeltzaleak: batetik, «ETAk euskal gizartearen zati bat klandestinitatera bidaltzeko duen interesak», eta bestetik «PSE-PPk» osatzen dutena. Segidan galdetu zuen «`pintza' horren atzean bestelako interesik ez ote dagoen». Gerora azaldu zuen eran, Alderdi Politikoen Lege espainolean, «erakundeetan gizartearen ordezkaritzaren argazkia aldatzeko lege bat» ikusten du Urkulluk, «gainera, berau Gobernuak ez dakit ETArekin edota sentsibilitate politiko batekin izan ditzakeen jokoekin komenientzian».
Behin hori esanda, «kezka» azaldu zuen Urkulluk, legez kanporatzeko prozesuak abian direlako. Gainera, haren ustez, arduratuta egoteko arrazoi nagusia honakoa da: Garzon epaileak abiarazi duen bide penalak «dena ETA dela dioen tesi iraunkorrean» sakontzen duela.
Ante la nueva oleada de ataques para condicionar la vida política de Euskal Herria y los procesos de ilegalización en ciernes contra la plataforma electoral Demokrazia Hiru Milioi y el partido político Askatasuna, cientos de personas salieron ayer a la calle para denunciar «el estado de excepción» que padece Euskal Herria y el «apartheid» político que intenta imponer el Estado español «con la colaboración de formaciones políticas vascas». Hoy, jornada en la que se espera la decisión final del Tribunal Supremo español, se repetirán estas movilizaciones.
Bajo el lema «Salbuespen egoerari stop! Demokrazia 3.000.000», ayer se llevaron a cabo diversas movilizaciones en distintos puntos del país. Así, el acto político central de Demokrazia Hiru Milioi se realizó en la plaza Telletxea de Algorta, después de que decenas de personas reclamaran democracia para Euskal Herria manifestándose por sus calles. La sindicalista y cabeza de lista por Bizkaia, Itziar Lopategi, tomó la palabra para denunciar la actitud que está manteniendo el Gobierno español hacia Euskal Herria y, en concreto, por la vulneración de derechos que están impulsando par impedir el concurso de todas las opciones políticas en la contienda electoral del próximo 1 de marzo.
Independientemente de lo que decida el Alto Tribunal español al respecto de las planchas electorales de la plataforma electoral, Lopategi reiteró en nombre de D3M que el día de los comicios autonómicas se contabilizarán por miles los sufragios en pro de la democracia y la independencia para Euskal Herria. Además, aseguró que la izquierda independentista estará presente en la cita con las urnas.
Por otra parte, en contra del apartheid político y en demanda de democracia para Euskal Herria, 225 personas se manifestaron ayer en Durango, 27 en Deba, en Orio fueron 42 los que se movilizaron bajo el lema «Demokrazia Euskal Herriarentzat»; 45 en Agurain, donde recordaron el arresto de su convecino Iñaki Olalde; 35 en Zaldibar; 35 en Getaria; 47 en Larrabetzu; 57 en el municipio navarro de Larraga; otros 52 vecinos se concentraron en Lizartza bajo el lema «Errepresioari ez! Otaola kanpora!»; en Azpeitia fueron 170 los que secundaron la manifestación.
Asimismo, también se llevaron a cabo protestas en Barakaldo, Sestao, el barrio donostiarra de Egia, en Pasai Antxo, en Alde Zaharra de Bilbo, y en los barrios bilbainos de San Inazio, Zorrotza y Santutxu.
Hoy también se realizarán movilizaciones ante la inminente decisión del Supremo. Entre otras convocatorias, las protestas se llevarán a cabo a las 18.00 en Arrasate y a la misma hora en el Bulebar de Donostia. En Bilbo, la movilización arrancará a las 18.00 desde la plaza Elíptica.
