Ante las elecciones del 1 de marzo
López minimiza el texto del Relator de la ONU y dice que sólo se persigue la violencia
GARA | IRUÑEA
La contundente posición del Relator de la ONU sobre los déficits democráticos en el Estado español obligó ayer al candidato del PSE, Patxi López, a posicionarse al respecto. El informe fue totalmente silenciado en Madrid (no se empezó a difundir hasta anoche), pero no en Euskal Herria. López, entrevistado en ETB, se mostró visiblemente incómodo cuando se le preguntó por ello y trató de restar importancia al tema.
Para ello, dijo que el Relator Martin Scheinin «tendría que decir lo mismo cuando se impide actuar a formaciones políticas que sean abiertamente nazis, que defiendan el Holocausto o la violencia contra una parte de la sociedad». Sin embargo, obvió el dato de que este informe de la ONU se refiere exclusivamente a la situación en el Estado español, y más concreta- mente a la prohibición de candidaturas abertzales.
El abogado de Behatokia Julen Arzuaga, por su parte, desveló ayer otro dato relevante al respecto: el informe iba a ser presentado en marzo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero su contenido ha sido revelado de modo anticipado, justo en un momento en que los tribunales españoles están a punto de vetar nuevas candidaturas electorales. «No parece una casualidad», estimó.
Yendo al fondo del asunto, Patxi López alegó además que el Estado español ya actúa «con exquisitez» en esta materia, contrariamente a lo defendido por el Relator de la ONU. «La Ley de Partidos hay que aplicarla con exquisitez, con rigor democrático, pero hay que aplicarla», insistió el dirigente del PSOE.
«Ni una idea ilegalizada»
López añadió que «ni en Euskadi ni en España hay una sola idea ilegalizada» porque «se pueden defender abiertamente y con todas las consecuencias la independencia, la autodeterminación o la territorialidad. Lo único que es ilegal y vamos a perseguir es a aquellos que quieren conseguir esos objetivos mediante la violencia».
En Madrid, los representantes gubernamentales aparecieron más cómodos dado que en los medios de comunicación estatales el informe de la ONU quedó ocultado hasta ayer tarde. Así, la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ni siquiera fue preguntada por la ilegalización tras el Consejo de Ministros.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sí habló sobre el tema en declaraciones a Radio Nacional de España, aunque pasó por alto el informe de la ONU. Como López, puso énfasis en afirmar que en Euskal Herria «no se persiguen las ideas» y que cualquiera de ellas puede ser reivindicada «con la palabra, no con la pistola». En tono irónico, dijo que «alguien puede dedicar su vida entera a demostrar que el independentismo es la solución a los problemas de Euskadi, pero no puede pegar un tiro a quien piense lo contrario, justificarlo o permitirlo». «Siempre habrá un policía o un guardia civil que persiga a quien quiere ser la voz de ETA en el Parlamento», añadió.
Con motivo de las próximas elecciones al Parlamento de Gasteiz, Amnistía Internacional (AI) compareció ayer ante los medios de comunicación en la capital alavesa para presentar el decálogo «Más derechos humanos». En ese acto, mostró su intención de transmitir sus preocupaciones recogidas en el decálogo a todos los partidos políticos para que, en caso de obtener parlamentarios, asuman las medidas que podrían contribuir a mejorar en los próximos años la situación de los derechos humanos en Euskal Herria.
Una vez finalizada su exposición, en el turno depreguntas, sus portavoces fueron interpelados sobre si Amnistía Internacional está analizando los procesos judiciales contra las candidaturas de Demokrazia Hiru Milioi (D3M) y de Askatasuna. Andrés Krakenberger, coodinador de Amnistía Internacional para Nafarroa y la CAV, respondió que «sobre este caso en concreto, investigadores del Secretariado Internacional, en Londres, están analizando los autos de prisión», entre otros aspectos, y «habrá que ver lo que ocurre».
No obstante, Krakenberger reiteró que, como ha advertido «otras muchas veces», «AI siente preocupación por algunos artículos de la Ley de Partidos», puesto que su redacción resulta «imprecisa, amplia y muy interpretativa». En la línea de lo manifestado el jueves por el Relator de la ONU, subrayó también que, por su contenido, «pueden llegar a prohibir actividades políticas que buscan, por medios democráticos y pacíficos, propugnar cambios en los principios constitucionales o en las leyes».
