Decenas de mujeres y hombres de izquierdas y abertzales, que asimismo han sido o son electas y electos por las más de 600 candidaturas ilegalizadas o anuladas por el Estado español, comparecieron ayer en Donostia para llamar la atención sobre el «estado de excepción encubierto que está vigente» entre nosotros. Alentaron además a toda la sociedad, la cual entienden como la más perjudicada de «esta tropelía», a que se rebele ante la exclusión y el apartheid político e institucional. Concretamente, animaron a participar en la manifestación que bajo el lema «Demokrazia orain» partirá el próximo sábado a las 17.30 desde la plaza bilbaina de Aita Donostia.

Sin tener conocimiento de la prórroga otorgada a D3M y Askatasuna para sus alegaciones, y por consiguiente sin conocer la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, el centenar de ciudadanos reunidos no titubearon al afirmar que los próximos comicios del 1 de marzo serán «unas elecciones antidemocráticas donde las haya». Así de contundentes se mostraron Xabier Zubizarreta y Miren Odriozola, que hicieron de portavoces para apuntar que en lo que se refiere al grado de vulneración de derechos elementales «el listón estaba ya de por sí bastante alto».

En la masiva comparecencia también tuvieron en mente la clara advertencia emitida por la ONU ante la falta de garantías en torno a las ilegalizaciones que se producen en el Estado español, criticando que una vez más «ni si quiera han guardado las formas». En este sentido, estimaron que de no ser por la gravedad de sus consecuencias, los argumentos esgrimidos «moverían a risa».

El que fuera alcalde de Arrasate aseguró que en el Estado español se aplica la ley «con un grado de arbitrariedad tal que debería mover a escándalo» y asemejó la Ley de Partidos a «un chicle empleado en beneficio de determinadas estrategias e intereses políticos». Contabilizó en más de 600 las candidaturas electorales «proscritas» desde que se iniciara la estrategia de ilegalización y apuntó además que se llevan a cabo en un Estado que «presume de democrático».

En contra, y mientras todo esto ocurre, denunciaron que la mayoría de las formaciones políticas de este país «miran para otro lado y continúan haciendo campaña». Censuraron con mayor dureza la actitud del lehendakari Ibarretxe, al que peguntaron «si va a ser capaz de aceptar que policías y jueces al dictado del Gobierno del PSOE cercenen la voluntad de la ciudadanía al que él representa y manipulen a su antojo el resultado de las elecciones que él mismo ha convocado. «¿Es que va a legitimar semejante tropelía?», interrogaron con hastío.

Manifestaron que lo que está en juego en la próxima contienda electoral es «impulsar o evitar» el cambio político y social en este país. Y a su juicio, lo que se busca, de manera concreta, desde las filas del PSOE y el PNV es «enterrar las condiciones creadas en Lizarra Garazi». «Por eso quieren dejar a la izquierda abertzale fuera, porque es el motor del cambio político y social», defendieron orgullosos, para apuntar que tanto los jeltzales como el PSOE «tiene un miedo atroz a un cambio donde estén garantizados los derechos y se confronten los proyectos políticos en igualdad de condiciones».