A l Tribunal Supremo español, a falta de pruebas, le bastan la «convicción jurídica» y un contingente apresurado de «hechos indiciarios» para emitir resoluciones que tienen como grave consecuencia la anulación de las candidaturas electorales de Askatasuna y D3M. Un detenido análisis del centenar de folios de que consta cada escrito deja al descubierto que su redacción se ha llevado a cabo en orden inverso a la paginación. Es decir, los magistrados adoptaron primero la decisión y posteriormente se han ocupado, en el corto lapso de tiempo del que han dispuesto y con los escasos mimbres que se les ha facilitado, de tejer la argumentación jurídica. Y el resultado no tiene desperdicio.

Tal y como GARA desvela hoy, en la página 54 del auto se hace mención a «una serie de documentos intervenidos el día 23 de enero de 2009, en la sede de Gateiz Izan Herri Ekimena» que figura en un auto del magistrado Baltasar Garzón. Entre estos documentos, que engordan el listado de «hechos concretos» sobre los que asienta el tribunal su decisión, se cita: «cartelería de Askatasuna con el texto PNV `traidores'», «cartelería de Askatasuna con fotografía del colectivo de presos», «documento de Askatasuna sobre presos enfermos»... Pero lo que evidencian estos documentos no es la tan traída «transversalidad del complejo ETA/Batasuna», sino que el Tribunal Supremo confunde a Askatasuna, partido cuyas candidaturas quiere anular, con otra Askatasuna de sobra conocida en Euskal Herria: el organismo antirrepresivo cuya ilicitud dictó el juez Baltasar Garzón el 5 de enero de 2002.

Este «patinazo» y otros como acabar poniendo en boca de Arnaldo Otegi unas declaraciones que la propia Guardia Civil atribuye a Jokin Aranalde -detenido en marzo de 2002, y que denunció torturas ante Garzón- son pruebas, éstas sí, de la profunda sima en la que se ha precipitado el alto tribunal en su baldío esfuerzo por dotar de ropaje jurídico a lo que no es sino una decisión política de honda inspiración antidemocrática.