La inversión de 10,8 millones de euros de Zabalgarbi escapó al control de su Consejo
El diputado vizcaino de Medio Ambiente, el jeltzale Josu Madariaga, reconoció ayer en las Juntas Generales que la inversión de 10,8 millones de euros en cinco fondos especulativos, uno de ellos el relacionado con la estafa de Bernad Madoff, escapó al control del Consejo de Administración de Zabalgarbi. La oposición denunció que los dos vocales forales, que representan al 20% del accionariado de la empresa, no se interesaron nunca por el destino del dinero público.
Agustín GOIKOETXEA |
Josu Madariaga empleó buena parte de su comparecencia en la comisión de Medio Ambiente de las Juntas Generales de Bizkaia para defender que la Diputación -con el 20% del capital social de Zabalgarbi- ejerció su «responsabilidad de control», al exigir información y responsabilidades en el desfalco de 3,7 millones de euros de las reservas de fondos de la compañía en la estafa piramidal de Madoff.
Lo llamativo del caso es que los consejeros que representan a la institución foral las solicitaron el 17 de diciembre de 2008, tres jornadas después de que los medios de comunicación mundiales informaran del escándalo financiero y uno después de que la dirección de Zabalgarbi lo hiciera con los miembros del Consejo de Administración. En él se sientan vocales de FCC (30%), Sener (30%), Diputación (20%), EVE (10%), Mancomunidad de Ezkerraldea (5%) y BBK (5%). La inversión se materializó dos años antes, el 20 de noviembre de 2006, en los fondos Optimal del Banco Santander, que manifestaron a los gestores que sus productos eran «muy robustos y fiables».
La dirección, tal y como manifestó Madariaga, «jamás» informó al Consejo del destino de los 10,8 millones de euros de sus reservas a fondos especulativos; los consejeros tampoco preguntaron y los auditores lo obviaron en sus informes anuales. Fue el 22 de diciembre de 2008 cuando los representantes de la Diputación reclamaron la contratación de otra consultora para auditar las inversiones de tesorería del periodo 2005-2008.
A pesar de que es difícil que a Zabalgarbi se le reembolsen los 3,7 millones o una parte de ellos, Madariaga dijo en la Cámara vizcaina que los gestores cesados afirmaron que la compañía es «solvente, sólida, con una situación patrimonial saneada y una holgada posición de tesorería». Además, señaló que es «pronto» para conocer las pérdidas reales de la operación financiera aprobada por el presidente, que antes formó parte de la Comisión estatal de la Energía en representación del PNV.
Está por concretar con qué fondos atenderá las obligaciones derivadas de la amortización del crédito de 129 millones de euros que dispuso en enero de 2005 y para superar las fluctuaciones negativas del precio de gas, combustible que se emplea en la quema de miles de toneladas de basuras domésticas.
«No sé cómo calificar esta actuación, no sé si es osadía o si es negligencia, pero lo que si sé es que en ningún caso se puede hablar de una buena gestión profesional», argumentó el diputado refiriéndose al presidente de Zabalgarbi, José Ignacio Unda, y el director financiero, Domingo de la Sota.
En su reflexión fue más allá, al destacar que cuando estalló el escándalo y se exigió toda la información, «ésta se oculta consciente y premeditadamente» por los gestores. Estos fueron cesados, que no dimitieron, el pasado 27 de enero.
Más tarde, Josu Madariaga desmintió una información publicada por el diario ``El País'', en la que se aseguraba que Unda y De la Sota cobraron alrededor de 3,7 millones de euros de indemnización. La mayor cuantía fue para Unda, que según el rotativo, disponía de un contrato «blindado» desde que accedió al cargo hace seis años.
«Es incierto, divídala -en referencia a los 3,7 millones- por cinco. Me parece una barbaridad. No creo que sean tres millones», declaró el también portavoz foral, que negó que Unda dispusiese de un contrato «blindado». Carlos Olazabal (PP) comentó que el presidente percibía anualmente 184.000 euros.
Desde las filas jeltzales defendieron la actuación de la Diputación, incidiendo en que es la que le permite el control del 20% del capital. Cada uno de los portavoces de la oposición insistieron con matices en la ausencia de un control efectivo sobre la empresa que incinera la mayoría de las basuras de Bizkaia.
«No sé si es osadía o si es negligencia, pero lo que si sé es que en ningún caso se puede hablar de una buena gestión profesional», dijo Josu Madariaga del presidente de Zabalgarbi y del director financiero cesados.
PNV, PSE, PP, EB y Aralar rechazaron una proposición no de norma de la izquierda abertzale para que la Diputación abandone el capital social de Zabalgarbi y trabaje en otro modelo de gestión de las basuras.
La Diputación vizcaina trata de negociar con los socios mayoritarios de Zabalgarbi -Sener y FCC, con el 30% cada uno- la adquisición de una parte de sus acciones y, además, pone como condición para impulsar la segunda línea de la incineradora que las instituciones públicas controlen una empresa que basa su negocio en el monopolio casi absoluto sobre la gestión de las basuras del herrialde.
El diputado de Medio Ambiente dijo ayer en las Juntas Generales que «no habrá segunda línea de Zabalgarbi mientras siga existiendo un control privado en el accionariado de la sociedad». «Nunca he dudado de la necesidad de que así sea para facilitar el control y la transparencia de un servicio ambiental público y básico para la ciudadanía del territorio. Tras la experiencia vivida ¯subrayó el diputado jeltzale¯ lo tengo aún más claro y espero que ustedes compartan ese posicionamiento».
Antes, había desvelado que el 6 de octubre de 2008 ¯en su condición de presidente de la empresa foral Garbiker, que se encarga de la gestión de los residuos¯ había solicitado por escrito a Sener y FCC el deseo de adquirir el 10% de sus acciones, «a fin de que no tuviesen más del 50% del accionariado».
Madariaga avanzó que en marzo expondrá a las Juntas Generales un informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Integral de Gestión de los Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016. Entonces, el gobierno foral buscará el mayor consenso posible. Éste se limitará al PNV, PSE y PP, los tres grupos políticos que apoyaron la construcción de la incineradora en Artigas.
