Después de más de cuatro años de litigios jurídicos y gracias a la ley estadounidense sobre la libertad de información (FOIA), el Centro por los Derechos Constitucionales, Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York han obtenido cientos de páginas de documentos oficiales que revelan la relación del Pentágono con los excesos cometidos en virtud de la «guerra contra el terrorismo».

Los informes confirman la existencia de prisiones secretas de la CIA en Irak y Bagram (Afganistán) y los vínculos del Pentágono con la CIA en torno al «programa secreto de detención, traslado y tortura», cuya existencia reconoció en 2006 el ex presidente George W. Bush.

En este sentido, los documentos recogen que el Pentágono no registraba a los presos para que los tribunales militares decidieran la legitimidad de la detención sólo catorce días después de su arresto, dejándoles en un vacío jurídico durante ese plazo.

Además, según una circular interna con fecha del 17 de febrero de 2006, un traslado de presos fue aplazado 45 días «hasta que las cosas se calmen, si no lo presos podrían ser acogidos como héroes a su llegada». Con respecto a esta circular, un portavoz del Pentágono, Jeffrey Gordon, señaló el jueves que «no correspondía a la política oficial del Departamento de Defensa», puesto que formaba parte de un proceso de comunicación interno.

Las tres organizaciones aseguraron en rueda de prensa que estos documentos son sólo «la punta que asoma del icerberg».

«Queremos saber qué sabían y quiénes de este programa y quién lo autorizó y cuándo», señalaron.

Comportamiento «excesivo»

Por otra parte, ACLU, organización de defensa de las libertades civiles, obtuvo, también gracias a la FOIA, documentos que certifican la existencia de investigaciones del Departamento de Defensa sobre torturas, malos tratos y, a veces, muerte de presos durante los interrogatorios en Bagram y en varias prisiones de Irak. El comportamiento del personal militar era «claramente excesivo y no se atiene a las normas de interrogatorio vigentes», aseguró el Pentágono en un informe.

Estas revelaciones, que se suman a las numerosas pruebas ya conocidas, se han difundido mientras un sondeo publicado el jueves por el diario «USA Today» evidencia que dos tercios de los estadounidenses son favorables a la apertura de una investigación criminal o realizada por una comisión independiente. Se trataría de determinar las responsabilidades de la Administración Bush en la práctica de la tortura, las escuchas telefónicas sin orden judicial tras el 11-S y la utilización del Ministerio de Justicia con fines políticos.

Centros de detención en África

En relación a las prisiones secretas y a la actuación de EEUU bajo el paraguas de la «guerra contra el terrorismo», el diario español «Público» informó el jueves de la existencia de «otro Guantánamo» en África, al denunciar que Kenia y Etiopía, aliados de Washington, encarcelaron sin cargos a decenas de personas «sospechosas de terrorismo» en una prisión secreta.

El periódico asegura que, durante su estancia en comisarías de Nairobi, tras su arresto cuando huían de Somalia, 150 personas fueron «incomunicadas durante semanas, sin acceso a abogados ni familiares, antes de ser devueltas a Somalia y entregadas a Etiopía», cuyas tropas entraron en ese país para apoyar al Gobierno contra los islamistas.

Añade que una vez en Addis Abeba «fueron sometidos a tratos crueles e interrogados por miembros del FBI, la CIA y de los servicios secretos de Israel, y privados de contacto con familiares y con el Comité Internacional de la Cruz Roja».

El Foro Musulmán de Derechos Humanos señaló que muchos continúan en paradero desconocido.

La misma información recordaba la ubicación de centros de detención o prisiones secretas en Afganistán, Jordania, Marruecos, Egipto, Tailandia y Kosovo, a las que la CIA trasladaba a miembros de al Qaeda o sospechosos de «alto valor» y se ocupaba directamente de ellos. En el resto de casos, dejaba en manos de las autoridades locales los interrogatorios, lo que abría la vía a la detención y tortura de la oposición interna. Rumanía y Polonia albergaron cárceles secretas entre 2003 y 2005, aunque ambos lo niegan.