El conflicto social que vive desde hace un mes la isla antillana de Guadalupe, en huelga para protestar contra la carestía de la vida y la explotación, subió el lunes de tono con la detención de al menos 50 personas cuando la Gendarmería francesa intentaba desmantelar las barricadas levantadas por los manifes- tantes para bloquear las principales vías de acceso en Gosier, cerca de Point-à-Pitre, la capital económica guadalupeña.

A pesar de que todos fueron puestos en libertad, el líder del colectivo que está en el origen de la protesta, Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP, Juntos contra la Explotación, en criollo), Elie Domota, lanzó una seria advertencia al Gobierno francés: «Si alguien hiere a un miembro del LKP o a un manifestante guadalupeño, habrá muertos».

Domota intenta aumentar la presión sobre París y durante el pasado fin de semana volvió a acusar al Ejecutivo de faltar a su palabra y no cumplir la promesa de desembolsar los 108 millones de euros que reclaman para poder aumentar en 200 euros el salario de un total de 45.000 trabajadores.

El Gobierno francés volvió ayer a desmentir a través del secretario de Estado de Ultramar, Yves Jégo, que se hubiera comprometido a asumir esta subida. «El Estado jamás prometió financiar este aumento», dijo a «Le Parisien».

El Estado francés no quiere ceder por temor a abrir la caja de Pandora de las reivindicaciones en la metrópoli pero, a la vista de la importancia que está tomando la revuelta en Guadalupe -que se está extendiendo a otras colonias francesas como la también antillana Martinica, Guayana o Reunión, en el Índico-, el primer ministro francés, François Fillon, adelantó ayer que los mediadores enviados a la isla presentarían «propuestas que pueden servir de base a una verdadera negociación». Además de la cuestión económica, la protesta antillana tiene también un componente de lucha contra los colonos franceses, los llamados bekés. «Son ellos, los bisnietos de los esclavistas, los que no quieren aumentar los salarios», insiste Domota mitin tras mitin. Con este trasfondo, en París han comenzado a oírse voces que reclaman una pronta solución al conflicto para evitar que estalle una verdadera insurrección anticolonial.

El aeropuerto de Pointe-à-Pitre se vio obligado a cerrar ayer puesto que la seguridad no podía ser garantizada por falta de personal, informó la Prefectura de Guadalupe. Todos los agentes encargados de la inspección de equipajes estaban ausentes.

LKP, que agrupa a sindicatos, organizaciones políticas y asociaciones- ha llamado a intensificar la movilización ante la falta de acuerdo con la patronal, cuyo presidente, Laurence Parisot, declaró ayer que «la solución depende mucho del Estado, que tiene una responsabilidad inmensa».

El consejero social del presidente de la República francesa, Raymond Soubie, sin embargo, señaló que «el Estado ha hecho todo lo que tenía que hacer».

«En nuestro sistema, los salarios dependen de una discusión entre patronal y sindicatos», añadió Soubie.

El pasado viernes, la primera secretaria del PS, Martine Aubry, dijo temer un contagio de los acontecimientos vividos en las Antillas a la metrópoli y el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) de Olivier Besancenot puso a la huelga en Guadalupe como un ejemplo.

Sarkozy interviene

Sarkozy anunció que mañana recibirá a los presidentes de los municipios y a los parlamentarios de «Ultramar» -nombre oficial de las colonias francesas- para hacer un seguimiento de la situación en estos territorios en el contexto de la crisis económica que padecen. El Elíseo informó de que Sarkozy quiere abordar las perspectivas de renovación de las políticas públicas en Ultramar en el marco del Consejo Interministerial creado para hacer frente a la situación.

La ministra francesa del Interior, Michèle Alliot-Marie, hizo un «llamamiento a la calma tras la degradación de la situación en Guadalupe».