La Policía española ha detenido en la capital alavesa a un total de 21 personas. A dos de ellas se les imputa un delito de «inmigración clandestina», mientras que al resto se les acusa de «falsedad documental o estancia irregular», según dio a conocer ayer la Delegación del Gobierno español en la CAV.

Las detenciones se produjeron la semana pasada, aunque se informó ayer de la operación, que, tal y como informaron, aún continúa abierta. Las mismas fuentes indicaron que a los detenidos se les intervinieron diez pasaportes falsos, abundante documentación y billetes falsos de cincuenta euros.

Según fuentes policiales, las investigaciones permitieron averiguar que ciudadanos procedentes de Georgia obtenían de forma fraudulenta Tarjetas de Residente Comunitario en el Estado español, «presentando para ello un pasaporte de un estado de la Unión Europea falsificado íntegramente o alterado, siendo pasaportes que figuraban como robados en las bases de datos de Interpol». El citado grupo facilitaba así la llegada de inmigrantes clandestinos.

En años anteriores la Policía española ya había realizado detenciones en la capital alavesa por «falsedad documental y estancia irregular», ya que, según informaron ayer, portaban y hacían uso de «pasaportes de Lituania a los que les habían sustituido las fotografías de sus verdaderos titulares por las de las personas que los llevaban».

«Derechos de los trabajadores»

Tras continuar las investigaciones sobre este grupo que supuestamente falsificaba documentos, agentes de la Policía española han detenido ahora a S.G. que fue, según indicaron las mismas fuentes, el que puso sobre la pista a los investigadores por su actitud y por ser socio o fundador, en algunos casos, de las empresas en las que trabajaban los demás detenidos.

Los dos arrestados principales son el citado S.G., acusado de los delitos de «inmigración clandestina de personas», delito «contra los derechos de los trabajadores y tenencia de moneda falsa»; y D.G. acusado de «inmigración clandestina de personas y delitos contra los derechos de los trabajadores».

El resto de los detenidos, un total de 18 personas, han sido acusadas de delitos de «falsedad documental o estancia irregular».