Política y conculcaciones de derechos, utilización de la violencia y participación electoral, dónde tendría que estar cada cual, delitos y castigos son terrenos pantanosos para adentrarse en ellos en un mitin, porque aquí cada partido y cada estamento tiene mucha ropa sucia en su propia casa y los currículos personales y las hemerotecas resultan a la postre muy traicioneros.

El fin de semana escopetero en el que coincidieron por Jaén el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tuvo también por invitado al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González García. Gobernantes, policías y jueces de la Audiencia Nacional compartiendo mesa y tiros entre detenciones de abertzales e ilegalizaciones... nada sorprendente si se repasa la historia de Euskal Herria.

El comisario Juan Antonio González García fue el que detuvo a Luis Roldán en Bangkok en 1995 y, desde entonces, ha ido en ascenso. Pero tiene también un pasado que, de nuevo, nos lleva a la historia de este país. Ingresó en la policía franquista en 1972 y el mismo día de la semana pasada en que se conoció su participación en la cacería se cumplía el 28 aniversario de la muerte por torturas de Joxe Arregi. Juan Antonio González García fue uno de los cinco agentes imputados por torturar hasta la muerte a Joxe Arregi. Veamos los datos, de los 73 policías implicados en la detención e interrogatorios de Arregi sólo fueron encausados cinco. Del resto no se supo ni el nombre. Pero ello no impidió un enorme movimiento policial y militar en defensa de los imputados, hasta el punto de que sólo dos de ellos fueron finalmente juzgados. Dos veces los absolvieron hasta que el Tribunal Supremo los condenó a las penas insultantes de tres meses de prisión. Los cinco imputados cuyo nombre trascendió acabaron ocupando importantes cargos en el escalafón policial.

Es evidente que finalmente no hubo encausamiento judicial contra Juan Antonio González por el caso Arregi, ni tampoco por la denuncia de Isabel Llaquet Baldellou, detenida como supuesta secretaria general del PCE (r) en 1980 y que lo reconoció en la Audiencia Nacional como uno de sus torturadores. Pero es de suponer que no pocos coincidirán en que aquellas investigaciones de torturas dejaban mucho que desear desde el punto de vista de los estándares a aplicar en un verdadero Estado de Derecho.

El pasado sábado, tras el asalto a la sede del PSE de Elorrio -donde un grupo de personas entró por la ventana, rompió mobiliario y realizó pintadas- el candidato de este partido a lehendakari, Patxi López, se preguntó en un mitin en Gasteiz: «¿Dónde tienen que estar? ¿En el Parlamento o detenidos?». El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo apoyó con un «¡qué bien lo has dicho, Patxi, qué bien!». Conocer el pasado de personas como Juan Antonio González, tan bien situado hoy en el plano profesional y que comparte fines de semana nada menos que con un ministro del entusiasta Zapatero, lleva inevitablemente a preguntarse dónde está cada cual y dónde debería estar.

La próxima semana se cumplirán 25 años de que los GAL mataran de un disparo con un rifle de mira telescópica al refugiado vasco Eugenio Martínez Salazar, Tigre, cuando iba a entrar en su clase de euskara. Hace diez días se cumplió idéntico aniversario de que mataran a Bixente Perurena y a Ángel Gurmindo. Y el propio 1 de marzo, día de las elecciones, hará 25 años de que mataron a Jean Pierre Leiba. ¿Dónde están quienes montaron los GAL? Desde luego, no en la cárcel. Podrá aducir Patxi López que hace ya muchos años de ello y que él era muy joven pero, quizá, si pregunta a su compañero Alfredo Pérez Rubalcaba le podrá refrescar la memoria.

Lo que sí sabemos es dónde están la mayoría de los torturadores. Ejerciendo y ascendiendo. Los pocos a los que la protección oficial y la desidia judicial no impidió que fueran finalmente juzgados y condenados acabaron siendo indultados por los gobernantes. Los servicios prestados hay que pagarlos, así que aquí se indulta lo mismo a torturadores que a los condenados por el fraude de Osakidetza, como hizo Rodríguez Zapatero hace un año.

Quizá quiera alegar también Patxi López que eso de la tortura es cosa vieja. No opinan lo mismo ni Amnistía Internacional ni la ONU. ¿Dónde deben estar los que por acción u omisión permiten la tortura, uno de los comportamientos oficiales más degradantes que existen? ¿En la cárcel o en el Congreso y los ministerios? El candidato del PSE podría también preguntarlo en alto en el próximo mitin ante el presidente del Gobierno español y a ver qué le contesta.

No está bien asaltar sedes de partidos, pero ni el PSE ni otros muchos se encuentran en condiciones de dar lecciones de respeto a los derechos humanos ni de atribuirse superioridades éticas o democráticas sobre nadie. Aquí cada cual tiene mucha ropa sucia en su propia casa y en las de algunos las manchas son más negras que entrar en un local por la ventana y destrozar el mobiliario y hacer pintadas.

Y puestos a hablar de dónde está ahora cada cual, habrá que recordar que hoy están en prisión, por ejemplo, la mayoría de los dirigentes de la izquierda abertzale a los que el 30 de mayo de 2006 Patxi López reconoció públicamente como «un interlocutor necesario para que se pueda abordar el diálogo multipartito en Euskadi». Y ninguno de ellos está encarcelado por asaltar sede alguna. Simplemente quieren hacer política para buscar la normalización democrática de este país. ¿Dónde deben estar Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Marije Fullaondo, Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena, Karmelo Landa o las mismas Arantza Urkaregi y Amparo Lasheras y tantos otros... en la cárcel o en el Parlamento?