Estrasburgo castiga a Gran Bretaña por la legislación especial tras el 11-S
Gran Bretaña ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por haber conculcado los derechos de nueve personas a las que detuvo aplicando la legislación especial aprobada tras los atentados del 11-S en EEUU. Uno de los beneficiados por esta sentencia es el clérigo Abú Qatada, preso en Belmarsh. Londres reconoció sentirse decepcionado.
GARA |
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó ayer a Gran Bretaña por detener a nueve personas en virtud de leyes especiales tras los atentados del 11-S, entre ellos al clérigo Abú Qatada, a quien acusaban de ser el «embajador espiritual» del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
Seis argelinos, un tunecino, el jordano Abú Qatada y un palestino deberán ser indemnizados con sumas entre 1.700 y 3.900 euros, además de una compensación conjunta de 60.000 euros por gastos del juicio.
La Gran Sala de la corte europea retuvo contra Londres los cargos de violación de la libertad y la seguridad, pero no los de tortura y trato inhumano y degradante, indicó el Tribunal en un comunicado.
Además, no dictó ninguna indemnización para un francés y un marroquí que también habían denunciado su detención y que terminaron abandonando voluntariamente el país.
El clérigo Qatada, el más conocido de los denunciantes, recibirá una indemnización de 2.800 euros.
El veredicto de Estrasburgo se publicó un día después de que la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial británica, abriera la puerta a la deportación de Abú Qatada a Jordania, que lo reclama por su presunta implicación en atentados en 1998.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede verse obligado a dictaminar también sobre esta deportación si Qatada decide recurrir la sentencia de los lores.
El año pasado, el Tribunal de Apelación de Londres resolvió que la deportación de Qatada podía violar sus derechos humanos porque las pruebas contra él en Jordania pudieron haber sido extraídas bajo tortura y no tendría un juicio justo.
Abú Qatada llegó a ser calificado por el juez español Baltasar Garzón como «el embajador de Bin Laden en Europa» durante una investigación sobre las conexiones españolas con los atentados del 11 de setiembre de 2001 en EEUU.
Qatada ha negado esas acusaciones y ha insistido en que no conoce a Bin Laden.
Nacido en 1960, Abú Qatada consiguió en 1994 asilo político en Gran Bretaña, adonde llegó un año antes con un pasaporte falso desde los Emiratos Árabes Unidos tras escapar de su país de origen. Actualmente, se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.
Los jueces de Estrasburgo señalaron que las indemnizaciones anunciadas ayer son «sensiblemente inferiores» a otros casos de detención ilegal y lo justificaron porque los arrestos fueron concebidos para detener un peligro público y ante «la necesidad de proteger a la población contra el terrorismo».
Junto a ello, dictaminaron que Gran Bretaña no mostró una voluntad real de negociar unas condiciones de expulsión de los detenidos, lo que pone en duda el carácter momentáneo de su arresto.
Londres, decepcionado
La ministra británica de Interior, Jacqui Smith, se declaró ayer «muy decepcionada» con la resolución judicial de Estrasburgo.
Smith considera que esta resolución judicial «está basada en una legislación histórica que revocamos hace casi cuatro años».
«Sostuvimos contundentemente ante el tribunal que ninguna indemnización debería concederse a semejantes individuos», subrayó Smith, antes de añadir que estudiará el fallo completo.
Smith añadió que quienes recurrieron al Tribunal de Estrasburgo «constituyen una amenaza para nuestra seguridad nacional».
Diecisiete uigures con pasaporte chino encarcelados en Guantánamo desde hace siete años y a quienes se retiró la acusación hace cinco no serán liberados en EEUU como han reclamado, según ordenó ayer un tribunal de apelación estadounidense que confirmó la primera decisión judicial.
Los jueces del Tribunal de Apelación federal de Washington estimaron que la Justicia no es competente para decidir quién debe entrar legalmente en EEUU, un poder que, según destacaron los magistrados, reside exclusivamente en el Ejecutivo y en el Congreso.
El recurso fue presentado el 8 de octubre por la Administración Bush al día siguiente de que el juez federal Ricardo Urbina diera luz verde a que estos 17 hombres fueran liberados en Washington, donde existe una importante comunidad uigur.
Es la primera vez que la Justicia estadounidense toma una decisión de este tipo sobre los detenidos en Guantánamo, aunque el caso de los uigures -un pueblo musulmán y turcófono enfrentado a Beijing- ha sido siempre peculiar en la prisión establecida en Cuba.
EEUU no quiere entregarlos a China pese a las demandas de Beijing, ya que considera que pueden ser objeto de malos tratos. Tampoco han encontrado un tercer país al que enviarlos, por lo que estas 17 personas siguen en Guantánamo pese a que no existen cargos contra ellos.
La defensa de los uigures argumentó que éstos merecían residir en EEUU después de haber sido «sometidos a una larga prueba» en el penal de Guantánamo.
El ministro estadounidense de Justicia, Eric Holder, visitará la próxima semana el centro de detención de Guantánamo, que deberá cerrarse este mismo año.
