El próximo lunes se cumplirán 28 años del simulacro de golpe de Estado conocido popularmente como el 23-F. Con la calma que da el tiempo transcurrido, produce vergüenza ajena escuchar a algunos políticos y periodistas españoles, y a otros tantos vascos, analizar aquellos sucesos con cierto aire de romanticismo, cuando no de heroicidad. No es que reivindiquen la acción de los uniformados que asaltaron el Congreso de los Diputados, pero sí que intentan ocultar ante la opinión pública el origen y las consecuencias de aquellos hechos poniendo el foco en el grado de valentía democrática que expresaron ciertos sectores populares. Pero un observador imparcial no debería pasar por alto que, mientras se escucha la voz en off de esos analistas -la mayoría testigos directos de los hechos-, las imágenes que ofrecen los reportajes televisivos son elocuentes: guardias civiles y policías saludando amablemente a los guardias civiles que abandonan la sede parlamentaria española. Nadie diría que se está deteniendo a un comando armado que ha cometido el más grave delito político contra un sistema parlamentario.

Aquellas imágenes, refrescadas durante estos días por varias cadenas españolas, se transformaron en hechos consumados que, paradójicamente, habrán satisfecho, y mucho, a quienes organizaron el golpe, porque su objetivo no era otro que el de apuntalar la unidad de España frente a posibles derivas federalistas del Estado de las Autonomías. Y en aquellos tiempos, el término «autonomía» no tenía, no podía tenerlo, el significado actual, ya que aún recordaba mucho a las aspiraciones que catalanes, gallegos y vascos habían forjado durante la II República. E, incluso, para muchos de los golpistas en la sombra era fácil asociarlo con un modelo de estado sin cabezas coronadas, es decir, republicano.

No obstante, desde 1981 el significado de ese concepto ha cambiado mucho en el ámbito político de Hego Euskal Herria. Los golpistas, quienes les apoyaron, quienes les dejaron hacer y quienes sucumbieron al miedo que impone el ruido de sables consiguieron limitar el Estado de las Autonomías a una mera fórmula de descentralización administrativa. Y la bautizaron con café, el famoso «café para todos» que, ya con Felipe González en La Moncloa a partir de 1982, el PSOE se encargó de repartir a diestro y siniestro, sin pararse a hacer distingos. De esta forma, el techo autonómico de Nafarroa y de la CAV quedaba a la misma altura del que podían levantar Andalucía o la Región de Murcia. Eso sí, a las instituciones de los «territorios forales» se les concedía la peculiaridad de ser los recaudadores de los impuestos del Reino.

Surcando esos 28 años con un solo salto de línea, podemos observar otra gran paradoja, aquella con la que nos deleitan, un día sí y otro también, los líderes de UPN y del PNV. Unos y otros se presentan como los más fieles e incansables guardianes del acervo foral. Bien es cierto que los jeltzales suelen adoptar esa pose dialéctica frente al Gobierno español, pese a que su trayectoria de las últimas décadas esté sembrada de pactos con PSOE y PP, mientras que UPN suele divertirse dibujando al Parlamento de Gasteiz como un gigante al que en cualquier momento hará caer al suelo de una pedrada. Ni unos ni otros pasan del amago, porque ambos han asumido que su labor es ayudar a PSOE y PP a apuntalar el actual marco estatal.

La esquizofrenia política que marca el debate interno y la proyección institucional del PNV radica en su incapacidad de defender abiertamente en público el proyecto político por el que apuesta. En el haber de Josu Jon Imaz hay que colocar su tozudez en el intento de «curar» al jeltzalismo de esa grave enfermedad pese a ser consciente de los riesgos electorales que debía asumir el partido. Iñigo Urkullu defiende el mismo tratamiento médico, pero suele hacerlo al cobijo del diván periodístico o entre las bambalinas de las negociaciones.

Lo que parece evidente es que en esta campaña el PNV ha apostado por la imagen esquizofrénica o bicéfala. Tras el patinazo periodístico con el que abrió la campaña, Urkullu no se separa del candidato a lehendakari, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que, a tenor de lo publicado en el libro de María Antonia Iglesias, lleva bastante tiempo preparándose para ello. «Hay días en que debo hacer actos de fe para seguir unido a Ibarretxe», se recoge de sus propios labios en «Memoria de Euskadi».

Con tan estrecha comunión de intereses, ya no le sorprenderá al presidente del EBB escuchar discursos de Ibarretxe en los que éste, en pleno ataque de amnesia, suelta perlas como ésta: «Tenemos que participar e ir a votar porque hay mucho en juego y es cosa de todos que el centro de decisión esté aquí o en Madrid». Esto lo dijo el pasado miércoles, es decir, casi cuatro meses después de que no acudiera al colegio electoral de Laudio, a las 9.30 del 25 de octubre, a votar en la consulta con la que, según defendía, la ciudadanía vasca comenzaría a decidir su futuro. Palabra de vasco en versión jeltzale.

Ciertamente, es «cosa de todos» hacer bascular el centro de decisión hacia Euskal Herria, pero es muy difícil que eso suceda de la mano del PNV mientras se sitúe en la misma parte de la palanca que sujetan quienes quieren sentirse cómodos en España. También es cosa de todos que lo que se decida en el Parlamento de Gasteiz tenga algún valor real, pero en esta última legislatura nuevamente ha quedado de manifiesto su corto recorrido político. El Reglamento interno lo fija el Tribunal Supremo español, que es quien disuelve los grupos al margen de lo que decidan los representantes de las ciudadanas y ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; los tribunales españoles castigan a la Mesa del Parlamento por tomar decisiones que sólo corresponden a la Cámara; el Congreso de los Diputados resuelve de un portazo cualquier planteamiento que le llegue desde Gasteiz; Madrid cumple el Estatuto si le viene en gana, gobierne allí el PSOE o el PP...

A todo ello se suma el hecho de que, en esta ocasión, el Parlamento de las tres provincias nacerá con menos legitimidad que nunca porque el Estado español lo ha decidido así y la mayoría de las formaciones vascas lo acatan sin más reparos que los que les obligan a señalar que ellos no han firmado los autos de ilegalización. No obstante, las urnas reflejarán la noche del 1 de marzo un espectro político completo de las opciones por las que se decantan las ciudadanas y ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Será completo porque la izquierda abertzale así lo ha decidido, y no porque así lo hayan garantizado los supuestos representantes institucionales de la ciudadanía. Será completo pero su resultado estará desvirtuado porque la izquierda abertzale no ha podido participar en igualdad de condiciones.

Sin Estado de Derecho, en Euskal Herria los derechos civiles y políticos sólo pueden garantizarlos quienes creen realmente en los principios democráticos, que se resumen en aquello de «una persona, un voto».

Las instituciones españolas, todas a una, han conspirado y maniobrado para intentar que el 1-M el mapa electoral que se trasladase a la opinión pública fuera un espejismo, para intentar convencer a la ciudadanía vasca de que la izquierda abertzale está condenada a desaparecer como las brujas en las hogueras inquisitoriales. Y lo han hecho con la colaboración de las instituciones autonómicas, que no han movido ni un dedo en contra de la aplicación del apartheid en estos comicios.

Pero, pese a esa falta de garantías democráticas y a la persecución que está sufriendo, la izquierda abertzale participará en la campaña hasta el último día y sus votos se verán claramente diferenciados en el recuento de la noche electoral. Y el Estado habrá perdido otra batalla contra el independentismo vasco.

Por todo ello, es deseable que el nuevo Parlamento tenga un recorrido corto, no en cuanto a su desarrollo político, sino en términos cronológicos. Si durante los próximos cuatro años no cambia la configuración de esa Cámara, muy probablemente se deberá a que el conflicto político se mantenga en los actuales parámetros. En este país, observando el ritmo al que se han sucedido los acontecimientos en las últimas décadas, una legislatura completa es un ciclo político muy largo. Es muy probable que quienes reciban las nuevas actas de parlamentario no sean conscientes de ello, pero si se aferran a su sillón será en perjuicio de todos.