El tiempo pone a cada uno en su sitio». Este refrán acuñado recientemente por el actual alcalde de Iruña-Oka acaba de ponerle a él y a quienes realmente avala (su propio partido en campaña electoral y los intereses del Ministerio del Interior) frente a quienes le votaron y a quienes formalmente representa (una parte de la población alavesa que son quienes habitan en Iruña-Oka).

Llegó la directora de Prisiones, de su mismo partido, casualmente el día anterior a dar comienzo a la campaña electoral para las elecciones autonómicas vascas, acusando a las instituciones alavesas de lo que estaba haciendo ella: puro electoralismo. Llegó con varias consignas de manual, pero tristemente carentes de argumentos.

Creemos sinceramente que hemos de agradecer sus ambiguas palabras y, sobre todo, sus delatores silencios (sobre los que aquí no podremos extendernos), porque no aclaró lo importante y volvió a exhibir sus intenciones con cierta prepotencia. Por una parte, la intención del Gobierno al que representa de imponer la construcción de otra macrocárcel en Iruña-Oka. Por otra, dejó claro que el futuro de la actual no está en sus manos y que, a día de hoy, no está previsto cerrarla en el actual «Plan de amortización y construcción de centros penitenciarios». Se puede decir más fuerte, ante más medios de comunicación, pero no más claro.

Lo verdaderamente delatador fue que cuando representantes de la oposición mayoritaria en el Ayuntamiento de Iruña-Oka le pidieron un compromiso escrito en relación con el cierre de la actual prisión, respondió que en su tierra «basta con la palabra», pero en política las palabras se las lleva el viento y donde digo dije, digo Diego.

Claro que mañas y vascas sabemos ser leales a nuestras palabras, pero su gobierno, por si acaso, y que sepamos no existe ningún otro precedente, en Consejo de Ministros deja por escrito (y no de palabra) en el Boletín Oficial del Estado la eximente del preceptivo informe de impacto ambiental para tratar de blindar el aún proyecto de construcción de esta segunda macrocárcel sobre la que serán los tribunales, y no ella, quienes tengan que sentenciar sobre si es o no una cárcel ilegal. Hasta entonces, y por decencia democrática, nos hubiera gustado que anunciara la paralización cautelar de las obras hasta que esto se dilucide.

¡Ah!, dos cuestiones sobre lo que no dijo. La primera, que los 500 nuevos puestos de trabajo serían para funcionarios de prisiones y no precisamente para dar trabajo a habitantes del municipio o de Araba y que éstos no estarían precisamente en condiciones laborales de estabilidad. La segunda, que las personas que se pretende recluir en esta nueva macrocárcel, que también aclaró que por el tamaño (720 celdas funcionales, con dos personas por celda, más 128 especiales según el proyecto del SIEP) será en su práctica totalidad para recluir a personas procedentes de otros territorios, por desgracia para ellas estarán desarraigadas y en poco tiempo hacinadas. Si no, que mire hacia su tierra, donde en Zuera la nueva macrocárcel de características similares cuenta ya con casi 1.900 personas presas. Mientras, las personas presas residentes en Araba en su mayoría seguirán cumpliendo sus condenas fuera de nuestro territorio. Bonita forma de apostar por la «reinserción».

En fin quizás algunas aragonesas con responsabilidades administrativas que antes de institucionalizarse cantaron aquella canción de Labordeta: «habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad», por aquello de que «más vale maña que maño», tendrían que luchar por esto y no por contribuir activamente a seguir en el camino actual en el que «habrá un día en que todos al levantar la vista no veremos más que muros para privar de libertad a los mismos de siempre».