Todavía me sorprende la capacidad de algunas (y algunos, claro) para exhibir el padecimiento ajeno como algo deseado por la víctima. Presentar, en definitiva, el mundo al revés. Sufre el del cuchillo y disfruta el gorrino, vamos.

Ayer «El País» presentaba una buena muestra de esta técnica. En crónica firmada por la corresponsal del rotativo de Prisa en Gasteiz se nos aseguraba, sin rubor, que «existe una estrategia que no le ha fallado a la izquierda abertzale hasta ahora y es la de exhibir la `represión' como una marca de fuego entre su mundo». ¡Vaya con la estrategia!

Y como la desvergüenza parece una cuesta abajo que se recorre sin frenos, la autora nos presenta a los damnificados como los grandes ganadores de esta tragedia bufa que se presenta a modo de elecciones: «D3M, la candidatura anulada por los tribunales Supremo y Constitucional, pero que la izquierda abertzale llevará a las urnas, lo tiene fácil: la policía encargada de cumplir la suspensión de sus actividades dictada por el juez Garzón es la Ertzaintza, cuyo responsable en última instancia es el lehendakari». Si a eso le sumamos que cargar de forma violenta e indiscriminada contra miles de personas se presenta como «la actuación de la policía autonómica el pasado sábado en Bilbao», puede parecer que los ertzainas se dedicaron a regular el tráfico para garantizar el libre ejercicio del derecho de manifestación. Y si quieren más, lean: «la carga de los agentes contra los radicales que convirtieron en un caos el centro de Bilbao tras la prohibición de una marcha en apoyo a D3M». ¿Quien provocó el caos?

Pero como de lo que se trata es de cantar las bondades del régimen que sólo quiere beneficiar a la taimada izquierda abertzale, la cronista reporta que «La izquierda abertzale usará el cortafuegos de la victimización, pero lo hará con cálculo y medida, sin jugarse el todo por el todo. Así lo apunta la cancelación de dos actos el pasado miércoles tras la suspensión de sus actividades por Garzón: la apertura de una sede en Vitoria y una charla en Salvatierra. Lo contrario podría haber supuesto a sus promotores una condena por colaboración con banda armada o desobediencia y eso son palabras mayores: la cárcel». O sea, que en la democracia española abrir una sede o dar una charla se paga con cárcel. ¡Ya era hora de que lo dijeran claro!