El Tribunal de Justicia de la UE ha rechazado el recurso presentado por Koldo Gorostiaga y obliga al ex parlamentario europeo a abonar casi 120.000 euros «en concepto de gastos y dietas parlamentarias no justificadas». La noticia ha sido difundida con rapidez por la mayoría de los medios, ligándola intencionadamente con una posible malversación de fondos.

Pese a que todos han dado a entender que el dinero habría sido sustraído por Gorostiaga, lo cierto es que basta hacer un poco de memoria para recordar que ese dinero no está a su disposición, sino que se encuentra en manos de la Policía francesa, después de que Jon Gorrotxategi y Mikel Corcuera fueran detenidos en marzo de 2002 en la frontera franco-belga cuando regresaban de Bruselas a Euskal Herria con 200.000 euros en el interior de su vehículo. Este importe era procedente, según explicó Batasuna en su momento, de la cuenta de su eurodiputado, Koldo Gorostiaga, y correspondía a los abonos de la Cámara Europea a la formación.

El magistrado de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, de hecho, dio por buena la explicación de Batasuna e inculpó y tomó declaración en julio de 2007 a Gorrotxategi y Corcuera en relación a los 200.000 fondos procedentes de la cuenta corriente de Gorostiaga.

Los medios de difusión que el jueves y ayer se hicieron eco de la decisión del Tribunal Europeo tampoco citaron la cantidad de dinero que se le ha denegado a organizaciones de la izquierda abertzale por medio de la política de la ilegalización y la arrebatada en virtud de resoluciones judiciales o políticas.

La última decisión de estas características vino de la mano de la Mesa del Parlamento de Gasteiz, al decidir en febrero de 2008, de manera unilateral y sin resolución judicial de por medio, no pagar al grupo parlamentario Ezker Abertzalea las subvenciones que le corresponden como grupo.

La contabilidad de Gorostiaga fue sometida a una auditoría externa en 2002. En 2004, el secretario general del Parlamento Europeo denunció que no había presentado justificantes que acreditaran la utilización del dinero, y concluyó que este importe debería considerarse como indebidamente percibido y devuelto a la Eurocámara mediante retenciones sobre las dietas y otros pagos destinados al diputado. Sin embargo, una sentencia del tribunal Europeo anuló la decisión.