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El fiscal general de Nueva York ha acusado a ejecutivos del banco Merrill Lynch de «irresponsabilidad corporativa» por haber cobrado en secreto bonificaciones de 3.600 millones de dólares mientras la entidad se beneficiaba de ayudas públicas. Subraya que «al parecer, en vez de dar a conocer sus planes de gratificaciones de forma transparente, tal como se les pidió, actuaron de forma secreta cambiando las fechas para (recibir) esas primas y recompensaron a ejecutivos que habían fracasado». El momento elegido por Merrill Lynch para hacer ese enorme reparto ha sido antes de anunciar su horrible cuarto trimestre y antes de que se completara su absorción por Bank of America.

Ese banco estadounidense, considerado el mayor de Estados Unidos por activos, completó a finales de diciembre su proceso de absorción de Merrill Lynch, una de las principales víctimas de la crisis de las hipotecas tóxicas de este país.

Bank of America -que a través de su presidente y consejero delegado, Kenneth Lewis, ha asegurado que no necesita más fondos del Gobierno y ha rechazado especulaciones acerca de una posible nacionalización de la entidad- ha recibido unos 45.000 millones de dólares de ayudas públicas.

Este actuación no es nueva ya que el entonces consejero delegado de Merrill Lynch, John Thain, pidió al Consejo una prima de 10 millones de dólares, lo que motivó fuertes críticas dentro y fuera del banco que contribuyeron a que finalmente diera marcha atrás. Poco después de su dimisión, una semana antes de que se dieran a conocer los resultados del peor año de la historia del banco, que tuvo que pedir una nueva inyección multimillonaria de capital público, se supo que Thain gastó 1,22 millones de dólares en la renovación de su oficina, al ser nombrado consejero delegado de Merrill hace un año.

Hartazgo social

Estas actuaciones muestran a las claras lo poco efectivos que son los «llamamientos» de líderes europeos y estadounidenses a «limitar» la cuantía de esas bonificaciones. Han colmado, sin embargo, la paciencia de los ciudadanos, los dueños del dinero público recibido por las entidades bancarias y los directivos responsables de la crisis.

Varios millares de personas se unieron en la red social Facebook bajo el epígrafe «los banqueros son sanguijuelas». La cólera de una población que sufre de pleno el látigo de la crisis económica impulsó a los gobiernos a emplear palabras duras.

El presidente de EEUU, Barack Obama, dio ejemplo reconociéndose avergonzado del comportamiento de los banqueros de Wall street y limitando a 500.000 dólares la remuneración anual de los directivos de empresas que reciban una ayuda del Estado.

El primer ministro británico, Gordon Brown, se comprometió a poner fin a la «cultura de la prima a corto plazo» y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, pidió a los banqueros que renuncien a la «parte variable» de sus remuneraciones como contrapartida del apoyo financiero del Estado.

La canciller alemana Angela Merkel ha criticado que los bancos que reciben ayudas públicas para hacer frente a la crisis distribuyan primas de fin de año entre sus altos dirigentes. «Es incomprensible que, en numerosos casos, bancos que están beneficiándose del apoyo del Estado distribuyan al mismo tiempo enormes primas», declaró.

Afirmó que este cuestión estará en el orden del día de la reunión del G-20 a principios de abril en Londres. «El sistema de primas (para los jefes), a nivel internacional, debe vincularse más claramente con los resultados duraderos de los bancos», juzgó Merkel.

Contrarios a estas propuestas, algunos expertos alegan que al eliminarse las primas, los bancos «corren el riesgo de perder sus mejores elementos».

Aseguran que los bancos públicos serían los afectados por la salida de los «mejores banqueros», atraídos por las primas de las entidades privadas. Pero nadie repara en que, mientras son los nuevos propietarios de estos bancos públicos, los contribuyentes, los que están perdiendo.