La polémica suscitada desde el PP y medios de comunicación afines se cobró ayer su codiciada pieza. Quizá ahora a la opinión pública se le antojen más leves las acusaciones de corrupción que afectan de lleno a ese partido. Si hablaron el ministro español y el juez instructor de la Audiencia Nacional acerca de las operaciones anticorrupción, sobre ilegalizaciones y encarcelamientos de organizaciones y miembros de la izquierda abertzale o, más probable, no hablaron de ninguna de esas cuestiones, parece ser lo de menos. En cualquier caso, la dimisión de Fernández Bermejo sorprende por ser una práctica tan rara en la política española que el término «dimisión» estaba relegado al ornamento retórico de los políticos de la oposición. Por ello, la decisión del ministro, o de su Gobierno, por desacostumbrada, puede aparecer sobrevalorada, si bien no sería justo infravalorarla. No deja de asombrar, no obstante, que haya sido motivada por la coincidencia del ministro y el juez en una cacería, mientras que el hecho de que un ministro de Justicia permita a los principales tribunales irregularidades jurídicas del calibre de las que en los últimos años están protagonizando, y que han llegado a ser duramente criticadas por la propia ONU, no es motivo no ya de dimisión, sino ni siquiera de reflexión para el Gobierno español.