El asesor jurídico de la Real dejó claro que con la querella de la fiscalía por el IVA de los abonos «si hay una multa será responsable la persona jurídica en cuyo nombre se actuó, la Real». Apuntó que en el peor de los casos la sanción puede ser de 18 millones a pagar al Estado, no a la Hacienda guipuzcoana. Se espera que no sea así porque ahora la Real la dirigen personas que la defienden y, en lugar de declarar que hubo fraude fiscal, el Consejo recuerda el pacto seguido hasta ahora, por el que se considera que hay una parte del abono destinada a ver al primer equipo, sobre el que el abonado paga el IVA y sí se declara, y otra exenta de IVA y no declarada para sufragar los gastos de promoción del fútbol base y otras actividades no profesionales. Unos argumentos que aparecían en la due diligence, aunque Badiola nunca ha hablado de esto. Como prueba de esta diferencia, se mostró un carnet antiguo de abonado en el que se diferencia el abono, al que se carga el IVA, y la cuota, a la que no se imputa ese impuesto. Desde 1996 la Real aplica ese criterio y la totalidad del ingreso se declaraba dentro del impuesto de sociedades. Aperribay manifestó que el IVA no cobrado «no entró en la Real. Pudiera la Real interpretar erróneamente la norma, pero no para quedarse con más dinero». En la misma línea, su consejero Ruiz señaló que «en ningún caso la Real se ha beneficiado de eso. El que se ha beneficiado es el socio, que ha pagado menos cuota». Una argumentación coherente que busca lo mejor para la Real, perjudicada por las declaraciones de Badiola no sólo en este caso, también en el de Jesuli, ya que el club ha sido demandado -también él- por 300.000 euros por el ex-portero del Tenerife Raúl Navas por la publicación en la web de la Real de unas declaraciones del ex-presidente que considera calumniosas e injurias. En la demanda y en todo el caso Jesuli el Consejo trasmitió su voluntad de defender el interés del club. Lástima que antes no sucediera eso.