La Asamblea General de diputados y senadores de Uruguay consideró ayer inconstitucionales varios artículos de la Ley de Caducidad, que dejó impunes las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985). Con 69 votos de los 71 emitidos, la Asamblea General, dominada por el gobernante Frente Amplio, apoyó el aval que la semana pasada dio el Ejecutivo a la inconstitucionalidad de esta ley aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en referendo.