Los candidatos que aseguran estar en contra de la Ley de Partidos dicen, como mucho, que el Parlamento que se constituirá a partir del próximo domingo tendrá una carencia o anomalía democrática a consecuencia de la ilegalización de candidaturas. Resulta una lectura demasiado benévola de lo que supondrá realmente la aplicación del apartheid político respecto a la legitimidad democrática de esa Cámara. Semejante candidez se debe a que, si calificaran en toda su intensidad lo que supone la conculcación de derechos civiles y políticos a decenas de miles de personas, no podrían salir airosos con declaraciones tan melifluas, y tendrían que adoptar otras posiciones más contundentes.

Lo cierto es que el Parlamento de Gasteiz que se constituirá después de anular el voto de los independentistas de izquierdas no reflejará ni de lejos la voluntad popular y, por consiguiente, no podrá ser calificado de democrático. Así de simple. Además, desde la instauración de la reforma franquista, la imposición de la Constitución española en tierra vasca y la promulgación, como heredero de la Carta Magna, del Estatuto bajo la premisa «o esto o nada», un amplio sector social ha cuestionado abiertamente la legitimidad del Parlamento de Gasteiz, así como del Parlamento navarro, por considerarlos como parte del entramado institucional que pretende poner coto a los derechos nacionales de Euskal Herria. En las circunstancias actuales, esos mismos sectores tendrán muchos más argumentos para poner en tela de juicio el marco jurídico-político vigente.

De la constitución abiertamente antidemocrática del Parlamento de Gasteiz se derivan, además, consecuencias políticas para el futuro del país, puesto que el papel que pueda jugar esa institución viene determinado ahora, de forma muy negativa, también por su composición. Sin circunloquios, se puede asegurar que, por ejemplo, esa Cámara queda absolutamente inhabilitada para crear en su seno foros para la solución del conflicto político, puesto que a sus marcadas limitaciones actuales, tanto competenciales como territoriales, se suma una configuración basada en la exclusión de una sensibilidad política y social determinante para abrir nuevos escenarios. Su composición es consecuencia directa de la estrategia represiva del Estado.

La izquierda abertzale nunca ha creído que el marco actual y, por lo tanto, el Parlamento de Gasteiz, pudiera alumbrar un escenario plenamente democrático. Por eso, la intervención institucional que tuvo en los años 80 y principios de los 90 fue más que irregular, con el objetivo reconocido de, en primera instancia, impedir que ese marco autonómico se estabilizara y de, en segunda, desgastarlo para abrir el camino al cambio político.

Ahora bien, ya en tiempos de Lizarra-Garazi, a raíz del acuerdo de ETA con PNV y EA, el movimiento independentista habló de poner los instrumentos institucionales vigentes al servicio de la construcción nacional y del proceso soberanista en ciernes, como lo atestigua el acuerdo firmado por Euskal Herritarrok en sede parlamentaria en la primera legislatura de Ibarretxe como lehendakari, aunque, todo hay que decirlo, con una furibunda denuncia de la autonomía emanada de la Constitución española.

En las conversaciones de Loiola, la izquierda abertzale asumió emprender el tránsito a un marco democrático «partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados (Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra)». Claro que ese compromiso que satisfacía al PSOE y al PNV tenía que traer consigo otro que abriese un nuevo tiempo: «El ordenamiento jurídico-político resultante para los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa reconocerá y regulará los mecanismos jurídicos y políticos que permitan a la ciudadanía de los cuatro territorios adoptar decisiones en torno a su futuro político e institucional». En esas circunstancias, el trabajo a realizar en las instituciones actuales, también el Parlamento de Gasteiz, habría sido en estos momentos muy intenso. Por ello, entre algunos de los que protagonizaron los episodios negociadores entre 2005 y 2007 sobrevoló la idea de que, quizá, iba a ser necesario constituir sendos gobiernos en Gasteiz e Iruñea compuestos por los agentes políticos principales de la negociación (los tres de Loiola) para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

El Parlamento que surgirá del recuento truncado del domingo nada tiene que ver con todo eso. Muy al contrario, será espejo de que no se avanzó lo suficiente en el proceso de negociación o, si se quiere, que alguien se negó a pasar el rubicón. Y, por eso, la Cámara que se va a constituir ahora será, precisamente, la de la no solución y la del bloqueo político.

La apuesta del independentismo de llevar a las urnas la papeleta de Demokrazia Hiru Milioi (D3M) tiene mucho que ver con la situación descrita y con todo lo sucedido en los últimos años. En primer lugar, la izquierda abertzale parece querer decir que, cuanto más numerosa sea esa papeleta, más en evidencia quedará la distancia entre la voluntad popular y la composición de un parlamento construido sobre la conculcación de derechos. La puesta en evidencia de semejante quiebra democrática sería, de hecho, una forma contundente para reclamar su superación. En segundo lugar, la existencia de la papeleta de D3M resalta la necesidad de encarar un proceso democrático, frente a las ansias exterminadores de la estrategia represiva. Y en tercer lugar, esas papeletas podrían ser el primer paso para una posterior acumulación de fuerzas abertzales y de izquierdas que sea determinante en el futuro para poder abrir y conducir dicho proceso.